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El asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora nos llevó a un sinfín de articulaciones con autoridades de los diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, víctimas e iglesias; se realizaron análisis constantes sobre seguridad y justicia. Y, en marzo, lamentamos el desenlace de la persona implicada en el homicidio de nuestros hermanos jesuitas, convencidos de que todos estos sucesos trágicos son parte de un problema estructural de violencia que afecta al país y en particular a la Sierra Tarahumara.
Ahora, a un año del asesinato, hacemos una síntesis de esas reflexiones y, sobre todo, de los aprendizajes que nos dejan esos hechos, para que no se repitan más:
1. El mayor signo de inseguridad que vive el país es el control de los territorios por parte de las economías criminales, que controlan la vida social, económica y política, lo cual está transformando la cotidianidad de los pueblos y poniendo bajo amenaza la vida democrática del país. Este control implica complicidades político-criminales.
2. El estrangulamiento de las fuentes de financiamiento de los grupos generadores de violencia e inseguridad es un camino para el debilitamiento de las economías criminales, ya que se disminuye su capacidad de controlar territorios. Y esto, como ha sucedido en otros países, es una acción posible de ejecutar por parte de las autoridades estatales o federales.
3. La falta de coordinación de las fuerzas de seguridad favorece la actuación de las economías criminales. Aunque la presencia del Ejército ayuda al repliegue temporal de los grupos delictivos, no disminuye su influencia en la zona. Se necesita una estrategia para la recuperación de la institucionalidad local.
4. La militarización de los territorios, según la experiencia de otras comunidades, atiende la emergencia, pero también lesiona el tejido social. En este sentido, no podemos soslayar la evidencia de que el Ejército ha usado de forma desproporcionada –en otras administraciones y en la actual- la fuerza letal en contra de civiles, lo cual obedece a la ampliación de las facultades militares en funciones de seguridad pública.
5. Un primer paso para recuperar la institucionalidad local de seguridad es la reforma de la policía municipal, donde se fortalezcan sus habilidades para la prevención, la investigación y la reacción. Es fundamental el apoyo que pueda recibir de otras fuerzas del Estado para cuidar su integralidad.
6. En el escenario de la dolorosa violencia, el aporte de la Iglesia ha estado y está en el acompañamiento a las víctimas, en la generación de habilidades locales para atender la conflictividad familiar y en la recuperación de elementos comunes que reactiven la comunicación y organización vecinal.
Los jesuitas nunca hemos callado ante la violencia y seguiremos en la Sierra Tarahumara y en otras regiones de México, trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción del tejido social, a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales, desafiando incluso la inseguridad.
En este contexto, frente a la violencia y con el compromiso de generar propuestas de vida y paz, como Iglesia estamos impulsando, en todo el territorio nacional, “los Foros Justicia y Seguridad”, con la finalidad de recuperar las experiencias y reflexiones, así como las buenas prácticas de seguridad ciudadana y justicia cotidiana. Las conclusiones de cada foro serán llevadas al “Diálogo Nacional por la Paz” que se realizará del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
