El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó al Congreso a no aprobar la reforma constitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al argumentar que sería un paso sin retorno hacia la militarización.
En su cuenta de X, esta organización civil sostuvo que el aumento del poder militar que generará esta reforma “es innegable": "Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Llamamos a que esta reforma no sea aprobada”.
Este jueves, en la Cámara de Diputados comienza la discusión de esta iniciativa, que es una de las 20 iniciativas que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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En el reporte “Poder Militar: herencia transexenal”, elaborado por esta organización no gubernamental se destaca que el actual aumento del poderío castrense no tiene precedente.
“Hablamos de más de diez cambios legales de profundo calado; de un notorio aumento presupuestal; de un renovado protagonismo en la vida pública; y de un nulo fortalecimiento de los controles civiles externos que deberían asegurar que esta nueva ampliación de la presencia militar genere espacios ajenos a la rendición de cuentas”, señala.
Destaca que existe preocupación frente a la militarización porque incrementa el riesgo de que se cometan violaciones a derechos humanos, porque no es eficaz para reducir la violencia y porque genera peligros para la democracia por la propensión castrense a la opacidad y a la impunidad. Las tres cuestiones se encuentran hoy latentes en el México del presente.
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Resalta que aunque el López Obrador ha señalado en varias ocasiones que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional deben respetar los derechos humanos, se han registrado graves violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura.
Estudiantes también externan preocupación ante reforma de la GN
Estudiantes e integrantes del movimiento "Generación 24" externaron su preocupación ante la iniciativa de reforma de la Guarda Nacional y destacaron que pone en riesgo los valores democráticos que garantizan las condiciones de seguridad bajo el estándar de máxima protección en materia de derechos humanos.
“La iniciativa de reforma en materia de Guardia Nacional suscita profundas inquietudes debido a que propone colocarla bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, la iniciativa transgrede el mandato constitucional en materia de derechos humanos, al igual que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresaron.
Los jóvenes también pidieron a las autoridades correspondientes involucrar de manera activa a la juventud en el proceso legislativo que acompañará a esta reforma, mediante mesas de trabajo plurales conformadas por las distintas fuerzas políticas.
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Asimismo, recalcaron que crecieron en un contexto de inseguridad y violencia derivado de una política de seguridad fallida y antidemocrática.
Además, dijeron estar convencidos que la seguridad pública debe estar siempre en manos de instituciones civiles, comprometidas con la protección de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos.
“La juventud y los estudiantes, decidimos tomar las riendas del camino del país, al externar nuestras preocupaciones y participar activamente en el cambio. Como ciudadanos comprometidos con México, hacemos un llamado al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales para que actúen como contrapeso frente a esta medida”, sostuvieron.
Data Civica e Intersecta destacaron en su último informe que la iniciativa y el dictamen de la Guardia Nacional utilizan la popularidad de las Fuerzas Armadas.
“El argumento es que, dada esta percepción favorable que tiene la ciudadanía sobre las fuerzas armadas, se justifica extender sus funciones a la seguridad pública de forma permanente.”, documentaron las organizaciones.
Ante ello, los organismos de la sociedad civil ven dos problemas: el primero tiene que ver con las encuestas que se utilizan y el segundo con el papel que debe jugar la percepción de la ciudadanía en la evaluación de las políticas públicas.
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