El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ignoró la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para dar a conocer la documentación que generó de 2019 a la fecha lo relacionado al tráfico de armas de Estados Unidos a México, sin consecuencias.
Especialistas en temas de transparencia consideran que las dependencias saben que las consecuencias de no revelar la información son menores, además hay una campaña de desprestigio al Inai desde hace varios años y el costo político de negar información es relativamente bajo.
En marzo el pleno del instituto determinó que conocer la información sobre el tráfico de armas resulta relevante al abordar temas de seguridad pública, violencia y delitos cometidos con arma de fuego.
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En respuesta a una solicitud de información elaborada por EL UNIVERSAL, el órgano de inteligencia civil reiteró que mantenía la documentación como reservada por cinco años, argumentó que difundirla, podría utilizarse para comprometer parte del sistema de seguridad nacional.
Toda vez, indicó, que por cualquier razón obre en poder de grupos antagónicos o del crimen organizado podría ser utilizada para anular la operación del CNI, impidiendo u obstaculizando su actuación.
Resalta que con la difusión se revelarían tareas de inteligencia a la preservación de la seguridad nacional, en las que se podrían dilucidar o deducir procedimientos, métodos, y la prevención de riesgos.
El centro subraya que resulta perjudicial dar a conocer la información, podría dañar la obligación de guardar secreto, a toda persona que tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en la ley.
Sostiene que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se publicite la información solicitada. Es decir, se generaría un costo directo en las tareas de inteligencia que realiza el centro.
El CNI dice que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
“La información solicitada se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que el tema de tráfico de armas aborda fenómenos dinámicos que tienen el potencial de afectar de manera directa las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
“Tareas en la que contribuye activamente el órgano de inteligencia civil conforme a las atribuciones conferidas en la Ley de Seguridad Nacional”, remarca el CNI.
Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, asevera que un proceso sancionatorio es complejo y las consecuencias menores para una dependencia como el centro.
“El pleno del Inai, en cumplimiento de la Constitución, instruye a entregar y publicar información que no comprometa la seguridad del Estado. Las resoluciones del instituto no son en automático sino deliberadas por su pleno, valorando la necesidad de proteger el interés nacional y asegurar la máxima publicidad de la información gubernamental.
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“En estos temas, cuando el Inai instruye abrir la información, lo hace desde un análisis riguroso”, precisa.
Miguel Manrique, especialista en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, enfatiza que el desacato constituye falta administrativa grave; sin embargo, el Inai no puede sancionar directamente, solo podría denunciar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Explicó que difícilmente se puede instaurar algún procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos encargados de entregar la documentación.
“Recordemos que, en falta grave, quien sanciona es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero para llegar hasta ahí es todo un camino que, al menos en esta administración, ni siquiera se iniciaría.
“Todo esto hace nulatorios los derechos humanos de acceso a la información y a la buena administración pública, en tanto que las personas no cuentan con un mecanismo eficiente, para conocer qué hacen las autoridades de gobierno en el ejercicio de sus funciones”, refiere el maestro en políticas anticorrupción.
Detalla que el Inai no tiene dientes para hacer cumplir sus resoluciones; además de que el instituto ha visto mermada su imagen ante la opinión pública.
“Por ende, el resultado final es que los servidores públicos no tienen empacho en negar información e incumplir órdenes del Inai, pues saben que quedarán impunes”, puntualiza.