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Un cuestionario sin membretes, y a consideración de especialistas, hecho con preguntas segadas y que omiten información esencial, fue el medio para definir a los beneficiarios de todos los programas que el gobierno federal está dispersando para enfrentar la crisis económica por el Covid-19.
La Secretaría del Bienestar dice que el censo fue para “conocer las necesidades específicas de la población del país en materia de programas sociales”, pero la única pregunta que hicieron a los adultos mayores, por ejemplo, es su edad. “¿Usted tiene 68 años o más? Sí o No.”
Para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en cambio, no se pregunta la edad. Sólo se mencionan cuatro reactivos, ninguno de las cuales sirve para determinar las habilidades del joven, sus conocimientos concretos o siquiera en dónde quiere trabajar.
Desde que el Censo comenzó a levantarse, según Bienestar a partir del 22 de octubre de 2018, ninguna instancia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido sobre cuál fue la metodología aplicada para determinar quiénes fueron registrados como beneficiarios.
El Censo del Bienestar es el instrumento mediante el cual el gobierno federal define a los beneficiarios de sus 16 programas sociales. En el contexto de la emergencia sanitaria nacional, también es uno de los criterios para determinar quiénes recibirán los apoyos diseñados para mitigar el efecto potencial negativo de las medidas para controlar la pandemia Covid-19 que determinó el Consejo General de Salubridad, entre las que se destaca la suspensión de actividades no esenciales para la salud, la economía y la seguridad.
Por ejemplo, haber sido incluido en el Censo del Bienestar es el primer criterio de elegibilidad para ser beneficiario del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares que dispersará 25 mil millones de pesos.
Ante los reclamos por la falta de transparencia durante este último año y medio, la secretaría anunció que hoy en conferencia de prensa en el Palacio Nacional presentaría la metodología del censo, así como los datos que éste arrojó.
La semana pasada, el Coordinador General de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, Gabriel García Hernández, dio a conocer que 17 mil 860 trabajadores conocidos como "servidores de la nación" levantaron el Censo del Bienestar en 26 millones de domicilios ubicados en 300 mil 898 localidades de 2 mil 465 municipios.
El cuestionario que se aplicó a los posibles beneficiarios de estos apoyos viene en un documento de 13 hojas sin membretes institucionales titulado “CUESTIONARIO” y dividido por segmentos, dependiendo del tipo de programa social.
El documento lo entregó la Secretaría de Bienestar en respuesta a una solicitud de información y un recurso de revisión interpuestos por un particular a través de su Unidad de Transparencia desde el 3 de abril de 2019; la información, que respondía a nueve preguntas, la liberó la dependencia federal hasta el 7 de junio de ese año, es decir dos meses después.
Lo hizo después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le instruyó dar a conocer el nombre de la empresa, organización civil o dependencia, así como la metodología utilizada para obtener información en el Censo del Bienestar.
En su respuesta a la instrucción del Inai, Bienestar presentó dos documentos. El primero consta de dos cuartillas para dar respuesta a 9 preguntas sobre la metodología para levantar el censo: ¿cuál es su objetivo?, diseño conceptual, ¿dónde se ha levantado?, periodo en que se ha levantado, estrategia de levantamiento en campo, ¿qué se pregunta en los cuestionarios?, ¿quiénes levantan la información?, ¿cómo se procesa la información?, ¿cuáles son los principales resultados?
Las aclaraciones son parcas. Al cuestionamiento de “¿Dónde se ha levantado?” Lo único que se respondió fue: “En todo el país"; “¿Cómo se procesa la información? A través de una aplicación Web para uso en teléfonos móviles"; “¿Quiénes levantan la información? Personal por honorarios comúnmente conocidos como Servidores de la Nación”.
Entre las respuestas, se dice que el objetivo es “conocer las necesidades específicas de la población del país en materia de programas sociales”. A través de entrevistas “domiciliarias directas, en visitas de campo para su registro y verificación; identificando prioritariamente a las personas que habitan en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia, así como aquellas regiones de atención que se consideren”.
El problema es que el cuestionario entregado, como parte de los documentos en respuesta a la solicitud de información, revela que las preguntas se hicieron sin asesoría técnica para el levantamiento de este tipo de censos.
A menos que exista un manual de capacitación para este censo específico, el cual no ha sido revelado, en el cuestionario no se entiende cómo opera el encuestador: si cuenta con el dato del potencial beneficiario o basta con que alguien que se encuentre dentro de la vivienda puede responder en su lugar. No se especifica, por ejemplo, si una sola persona es la que puede hablar en nombre de todos los integrantes de un hogar.
En la página 10 del cuestionario se encuentra el área de registro de datos personales, pero no se especifica si se trata de los datos del entrevistado o del beneficiario del programa. En la sección de personas con discapacidad, por poner un ejemplo, no se distingue si es posible que cualquier familiar pueda responder y, si es así, si el beneficiario es quien responde o el habitante con discapacidad.
En el apartado de la reconstrucción, para saber las dimensiones de una vivienda dañada por los sismos, se pide al encuestado saber de memoria los metros cuadrados del terreno o de la construcción, siendo que la forma adecuada de elaborar este tipo de preguntas es con conceptos que las personas puedan entender, como el número de habitaciones.
El mismo problema, de falta de identificación de la persona detrás de las respuestas, se presenta en las preguntas de cada programa social.
Violeta Corona Cabrera, profesora de la carrera de Administración y Mercadotecnia de la Universidad Panamericana (UP) y experta en encuestas, consideró que varias de estas preguntas son sesgadas debido a que condicionan las respuestas.
“Lo ideal sería utilizar una escala un poco más abierta (respuestas) que van de nada importante o altamente importante, o una escala del cero al diez. Así sería un poco más fácil entender este tipo de preguntas".
Señaló que en el cuestionario que entregó la Secretaría de Bienestar al Inai no hay un orden lógico, lo que implicaría comenzar con datos generales para llegar a cierta información en particular: “esto puede ocasionar en algunos casos confusión por parte de los encuestados. Lo ideal sería este orden: los datos generales y luego ya entrar a especificaciones, pero sin estar cambiando continuamente de subtema”.
Mientras que Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo, señaló que las preguntas del cuestionario aplicado son preguntas “muy fácticas, muy básicas que están buscando recabar información sociodemográfica, que quizá se pudieran mejorar”.
La falta de transparencia
Luego de casi un año de que el Inai instruyera transparentar la metodología del Censo, el comisionado presidente de dicho instituto Francisco Javier Acuña Llamas explicó a EL UNIVERSAL: “No puedo decirte que la Secretaría de Bienestar, en cuanto al padrón, esté perfectamente en cumplimiento absoluto, decoroso o completo de sus deberes porque eso lo sabremos no sólo a partir de resoluciones que se dan a partir de una solicitud. Hay que ver, conforme a la verificación anual que hace el Inai de poner la información en el portal, pero esa verificación va tres meses desfasada".
El ex director del Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, dijo en entrevista que a pesar de que el Censo del Bienestar no es un esfuerzo nuevo, a la fecha son inexistentes los detalles sobre su metodología o funcionamiento.
“Nadie sabe la metodología, cuál es la forma, se sabe que lo levantaron los Servidores de la Nación que es la misma gente que promovió el voto por López Obrador en la campaña. Cuando se ha pedido información oficial vía transparencia sobre el censo, (la Secretaría de Bienestar) y Presidencia se echan la bolita y nadie se compromete a transparentar. Es raro que un instrumento que parecería tan importante del gobierno federal esté en estas condiciones”, dijo.
Diego Vázquez, economista especializado en programas de política social de OXFAM México, coincidió con González Licona al señalar que la información sobre los padrones de entrega de los programas sociales se tiene que publicar, con datos desagregados de acuerdo con las categorías del censo, para verificar que los apoyos estén llegando a las personas que más los necesitan.
"El censo es una caja negra, sí contribuye a generar incertidumbre. No podría aseverar que se va a utilizar de manera política. Si tuviéramos información más desagregada, podríamos saber si estos apoyos se centran en los bastiones políticos de Morena. Si hay más transparencia, es más difícil que los políticos generen clientelismo político, la opacidad abona a que se den o al menos haya una sospecha", explicó.
Los encargados en los estados no saben explicar
Al preguntar a los encargados federales en los estados con qué método aplicaron este cuestionario, las respuestas fueron vagas. Tal es el caso del delegado en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, quien sólo indicó que el levantamiento de datos se llevó a cabo “de manera general”.
La mayoría de las entidades que respondieron a EL UNIVERSAL la petición de información sobre su método de levantamiento se limitó a decir que fue “casa por casa”, pero sin indicar con base en qué registro de vivienda o cómo fue determinada la ruta.
Sólo Morelos da detalles sobre las bases de datos empleadas y la forma en que se aplicaron en campo. Los representantes federales en Hidalgo, Coahuila, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Nayarit y Baja California, en cambio, ofrecieron pocas explicaciones.
Algunos utilizaron registros nacionales, visitas casa por casa, otros recurrieron a la instalación de módulos de inscripción, de acuerdo con información brindada.
EL UNIVERSAL consultó a los llamados “superdelegados” en todo el país. De los que respondieron, coinciden en que la recopilación del grueso de la información se hizo entre 2018 y 2019.
En Morelos, el delegado federal Hugo Éric Flores Cervantes dice que se apoyó en los polígonos de pobreza del INEGI y CONEVAL. Indicó que cuando no había coincidencias, o para revisar que los beneficiarios cumplieran con los requisitos de los programas se hicieron visitas casa por casa en dos etapas, tres meses antes de empezar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2018 se revisó la nueva información y de enero a marzo de 2019 se hicieron visitas para cotejar padrones de programas sociales existente.
“El padrón nuevo, mas todos los cruces que se hicieron en visitas domiciliarias, ascendió a 289,414 y actualmente el padrón cuenta con 311,514 de todos los Programas de Bienestar; se mueve día con día, aunque sea marginalmente”, dijo.
El trabajo se hizo con 200 Servidores de la Nación distribuidos en cinco regiones territoriales y una indígena.
“Este año queremos llegar por lo menos a los 350 mil beneficiarios y esto es posible por el nuevo Programa de Sembrando Vida. Veremos si esta nueva situación económica de la pandemia nos lo permite”, expuso.
En Hidalgo, el delegado de Programas Sociales del Gobierno federal, Abraham Mendoza Zenteno, señaló que para el levantamiento del censo del bienestar trabajaron alrededor de 574 servidores de la nación, quienes durante seis meses acudieron casa por casa a verificar la información de los programas sexenales anteriores.
Precisó que encontraron diversas anomalías, que en su momento fueron corregidas, como la vulnerabilidad de los beneficiarios, y que estos fueran sujetos de derecho. Agregó que, tras verificar los datos, éstos fueron enviados a la federación a través de la plataforma digital para conformar los padrones de los distintos programas.
Precisó que además quienes no fueron considerados en un inicio debido a que no fueron localizados en las visitas domiciliarias, pueden acudir a alguno de los 553 centros integradores que existen en la entidad y se prevé que en este año queden 636 en la entidad.
El delegado en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, indicó que el levantamiento de datos se llevó a cabo “de manera general” y se tomó como referencia a ciudadanos, principalmente de los sectores más vulnerables, y a posibles beneficiarios que pudiesen ser incorporados a los siete programas estratégicos del gobierno.
Agregó que en algunos programas se registró una demanda de más del 200%. Es decir, el doble de las personas que se esperaba registrar, y puso como ejemplo que en programa de Becas para el Nivel Superior su meta “era incorporar a 15 mil 700 y tuvimos un registro de 30 mil 900 solicitudes.
En Sonora, el delegado Jorge Taddei Bringas informó que el censo se realizó con la Secretaría de Bienestar y el método que se siguió fue visitar casa por casa y los datos se subían a un sistema a nivel nacional. De ahí se integraron los padrones de adultos, mayores, personas con discapacidad, micros pequeñas y medianas empresas que requerían créditos.
En el caso de Sinaloa, la oficina del coordinador de Programas Federales en el estado, Jaime Montes Salas, informó que, una vez concluida la etapa inicial del censo, la apertura de los Centros de Desarrollo Integral de Bienestar ha permitido captar nuevos registros de personas más vulnerables con derecho a los programas sociales federales, y se formalizan en los padrones de beneficiarios.
Agregó que, como complemento para actualizar los padrones de beneficiarios, se dispersan Servidores de la Nación a las comunidades rurales más alejadas de Sinaloa.
Coahuila, Colima y Chiapas indicaron que el Censo para el Bienestar se realizó siguiendo la misma línea en todo el país “casa por casa y con base en los datos de publicación del INEGI”, vigentes a octubre de 2018
Coahuila, Néstor Hurtado Vera, enlace de comunicación de Bienestar estatal, precisó que en el censo participaron aproximadamente 400 personas, y precisó que el padrón sigue abierto.
En Chiapas, Emilio Villarreal, del área de comunicación del delegado federal, agregó que “a mediados de 2019 se había ya cubierto la meta, pero sabemos que muchos domicilios (por direcciones nuevas, nuevas colonias, cambios de ubicación, al no encontrarse en su domicilio etc.) no fueron censados”, por lo que en paralelo se instalaron más de mil Centros Integradores de Desarrollo (CID) en todo el estado, donde se ofrecía información y registro a programas, los cuales eran atendidos por los Servidores de la Nación.
En Nayarit se respondió que “la metodología para hacer el Censo del Bienestar fue como la de un censo de población, pues se hicieron encuestas casa por casa en los 20 municipios y se llevó casi todo el 2019 para hacerlo”.
Baja California reportó que para el levantamiento del censo se incluyó “un criterio básico, ‘por el bien de todos primero los pobres’”; es decir iniciamos por las comunidades con mayor marginación y pobreza, donde tengamos representación de pueblos originarios o indígenas y en los polígonos de mayor violencia.
De la coordinación nacional nos hicieron llegar las áreas de mayor marginación, violencia y presencia indígena en Tijuana, después de identificar las áreas prioritarias casa por casa se inicia el registro, informó el delegado de la Secretaría de Bienestar Social en Tijuana, Gilberto Herrera Solorzano.
En Aguascalientes y Zacatecas se informó que “a partir del lunes estará disponible la metodología”
En Yucatán y Jalisco se informó que no estaban autorizados para dar esa información.
Al cierre de esta edición, con excepción de CDMX y Edomex, el resto de las entidades no habían respondido.
