La reaprehensión de siete militares por la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, es un primer paso para que haya justicia en este caso que ocurrió el 30 de junio de 2014, señaló Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
EL UNIVERSAL informó ayer que a mediados de marzo de este año siete militares que habían sido liberados entre 2015 y 2016 volvieron a ser detenidos por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en una bodega en la localidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya.
Ante esta información, el director del Centro Prodh, una organización que representa a sobrevivientes y víctimas de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, recibió bien la noticia sobre la recaptura de los soldados, pero también opinó que aún hay mucho camino por delante, porque la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial han sido condescendientes en la investigación de crímenes en los que miembros de las Fuerzas Armadas están implicados.
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“La reaprehensión es la confirmación de que en Tlatlaya hubo ejecuciones extrajudiciales, de que el Ejército alteró la evidencia, de que los mandos militares y las autoridades civiles que controvirtieron las denuncias y que las rechazaron, encubrieron y brindaron impunidad. En términos de justicia, este es un primer paso”, señaló Aguirre Espinosa en entrevista.
El especialista en derechos humanos cuestionó que entre la fecha en la que se libraron las órdenes de aprehensión y cuando los militares fueron detenidos pasaron 16 meses, algo que se podría explicar por el hecho de que las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia son flexibles al momento de investigar al Ejército y la Marina.
“Lo que el Centro Prodh ha podido constatar es que existe una excesiva deferencia de la FGR hacia los mandos militares cuando ellos deben rendir cuentas, a lo más que llegamos es que a los elementos de la tropa se les requiera ministerialmente y se les interrogue, pero cuando se trata de cuestionar a un general brigadier, por ejemplo, las consideraciones de la autoridad investigadora son excesivas”, criticó el experto.
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Agregó que la FGR, como defensora de las víctimas, debe anunciar públicamente las reaprehensiones de los siete militares y continuar con su indagatoria en dos sentidos: investigar la cadena de mando que dio la orden de efectuar las ejecuciones extrajudiciales y confirmar cuántas de las 22 personas murieron por esta causa.
Sobre este último punto, el director del Centro Prodh explicó que la línea de investigación de la FGR apunta a que sólo ocho personas aseguradas fueron asesinadas por el Ejército luego de un combate, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contradijo esta versión y dijo que 15 de los 22 fallecidos perdieron la vida de esta manera.
En Twitter, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza también reaccionó a la reaprehensión y cuestionó que la Sedena siempre defendió a los presuntos implicados: “La ejecución de civiles en Tlatlaya fue negada por la Sedena pese a las pruebas y evidencias, y no se castigó a ningún militar. Hoy fueron detenidos de nueva cuenta presuntos responsables. ¿Para qué? Para reabrir la investigación y cerrarla definitivamente sin castigos”, dijo.