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Por falsear información en licitaciones gubernamentales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó dos años y medio e impuso una multa superior al millón de pesos a Lomedic S.A., de C.V., y a Laboratorios Solfrán, empresas de Carlos Lomelí Bolaños, exsuper delegado de Jalisco y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la dependencia federal determinó sancionar a las farmacéuticas por incumplir con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona, que en ese momento se desempeñaba como diputado federal, era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, resalta el documento.

La dependencia federal resaltó que las resoluciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), son resultado de investigaciones minuciosas en las que se identificó que las empresas del exsuperdelegado dieron información falsa para participar en contrataciones públicas.

“Para la Función Pública el estricto cumplimiento de la ley es uno de los pilares para acabar con la impunidad y construir una nueva ética pública”, destacó.

Exsuperdelegado envuelto en polémica. Médico de profesión, Carlos Lomelí fundó su primera empresa, Lomedic S.A, de C.V., en 1999. Siete años más tarde se convirtió en precandidato del PRD para gobernador de Jalisco; de 2015 a 2018 fue diputado local y representante estatal de Morena, para entonces ya había forjado una amistad con López Obrador.

En julio de 2018, luego de perder la gubernatura del estado, el morenista fue designado por López Obrador como superdelegado de Jalisco, sus tareas consistían en vigilar los programas de desarrollo.

El 12 de julio renunció a su cargo, pero a los tres días de su dimisión la titular de la Función Pública anunció que tenía abiertas siete investigaciones en su contra por probables conductas irregulares, que van desde cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.

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