De 2020 a 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) demandó a 2 mil 308 personas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de evasión fiscal y corrupción; sin embargo, sólo se lograron sentencias contra seis servidores públicos y tres contribuyentes, es decir, 0.39% del total.
Así lo revela el estudio Evolución de la actividad recaudatoria 2021 y programas y presupuesto 2022, que Hacienda entregó a la Cámara de Diputados.
Fue hasta 2020 cuando el delito de evasión fiscal se consideró como grave, derivado de una reforma impulsada desde el Congreso. A pesar del endurecimiento de las penas, el SAT no ha sabido sustentar sus litigios.
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De los 2 mil 308 denunciados, quienes enfrentaron 2 mil 243 querellas, fueron vinculados a proceso 328; 13 de ellos fueron servidores públicos; 163, personas morales, y 152, físicas, pero sólo nueve tuvieron sentencia.
“Durante la actual administración, el Sistema de Administración Tributaria ha redoblado esfuerzos para detectar redes criminales, determinar modus operandi y denunciar a los involucrados de alto nivel para un combate real a la corrupción”, señala el informe.
En el mismo periodo, el SAT denunció penalmente a 920 contribuyentes: 503 personas físicas y 417 morales.
Las denuncias estuvieron vinculadas principalmente a delitos relacionados al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contrabando y equiparable al contrabando, impresión ilegal de comprobantes y faltas relativas a declaraciones, contabilidad y documentación.
El estudio sostiene que en el ámbito internacional, las evaluaciones realizadas al SAT por organismos de talla mundial y calificadoras “reconocieron que la estrategia de recaudación tributaria permitió garantizar los recursos suficientes para financiar el gasto de inversión pública y social prioritarios”.
Muestra de ello es que, el 17 de noviembre de 2021, la agencia Fitch ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en “BBB, con perspectiva estable, la cual está respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas robustas y estables”.
“Se mantiene el compromiso de no incrementar los impuestos; sin embargo, se incluyen medidas fiscales para incentivar la integración de las pequeñas empresas al sector formal”, se destaca en el informe.
Asimismo, el informe del SAT puntualiza que para 2022 se dará continuidad a la campaña anticorrupción, “que tiene por objetivo dar a conocer sanciones, así como fortalecer la cultura de prevención y el combate a la corrupción”.
La prioridad, señala el documento, “es mostrar que esta práctica es una falta de ética, tanto de los servidores públicos como de los contribuyentes, y tiene consecuencias negativas.
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“Esta campaña está dirigida a los contribuyentes, personas servidoras públicas, gremios, asociaciones, despachos y sociedad en general.
“El mensaje principal que se busca transmitir, tanto fuera como dentro de la institución, es que la honestidad cuesta, pero la corrupción se paga caro”, se advierte en el informe.
Como parte de su estrategia, el SAT agrega que seguirá haciendo énfasis en promover la denuncia, la cual será confidencial a través de los distintos medios que tiene el sistema.
“De igual manera, el SAT continuará promoviendo las denuncias correspondientes de servidores públicos que realicen algún acto de corrupción, ya sea ante el Órgano Interno de Control o la Fiscalía General de la República, según lo amerite el caso, así como los contribuyentes que lleven a cabo prácticas ilegales”, se agrega.
En esa materia, se informa que el número de juicios favorables al SAT en sentencia definitiva alcanzó los 8 mil 409 casos, equivalente a 45.6% del total.
En cuanto al monto en controversia, las sentencias favorables fueron equivalentes a 91 mil 473 millones de pesos, lo que representó 64.7%.
