El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó como relevante la reaprehensión de siete militares, presuntamente implicados en la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y también pidió que se investigue la cadena de mando que dio la orden de abatir a los civiles el 30 de junio del 2014.
A través de su cuenta de Twitter, el Centro Prodh celebró la reaprehensión de siete militares, noticia que fue dada a conocer hoy por EL UNIVERSAL , y señaló que esto no hubiera sido posible sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación.
"La reaprehensión de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación".
"Al mismo tiempo, no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir", señaló el Centro Prodh.
Esta organización social ha dado seguimiento al caso Tlatlaya porque representa legalmente a Clara Gómez , una sobreviviente de aquel 30 de junio del 2014 , cuando militares habrían ejecutado extrajudicialmente a más de dos decenas de civiles en una bodega abandonada en el poblado de San Pedro Limón en Tlatlaya.
El día de hoy esta casa editorial dio a conocer que siete militares supuestamente implicados en el caso fueron reaprehendidos a mediados de marzo del 2021.
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Estos elementos habían sido detenidos luego de que se les acusara por el asesinato de los civiles, sin embargo, fueron liberados entre 2015 y 2016 por la falta de pruebas de la antigua Procuraduría General de la República (hoy FGR).
Más de cuatro años después de su liberación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró su reaprehensión el pasado mes de marzo. De los siete militares detenidos, cuatro de ellos salieron bajo fianza para continuar su proceso en libertad, pero diariamente deben pasar lista, mientras otros tres militares permanecen presos en el Campo Militar 1-A.
En este caso la Sedena ha argumentado que las 22 personas fallecidas en Tlatlaya eran criminales y murieron en un enfrentamiento, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha ido en contra de esta versión y ha señalado que por lo menos 15 de de los 22 muertos fueron ejecutados extrajudicialmente.
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