En México nunca se había acusado a un expresidente, pero ahora tres son señalados de corrupción por el caso Odebrecht.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), denuncia a una serie de políticos encumbrados de participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Es el mayor escándalo de corrupción en la historia del país pues involucra a tres expresidentes, gobernadores y varios legisladores.
La denuncia de Lozoya fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), y forma parte del juicio en contra del exfuncionario.
En el documento Lozoya señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)de participar en la cadena de sobornos y entrega irregular de contratos a la constructora brasileña.
También señala a dos excandidatos presidenciales en la contienda electoral de 2018 y quienes fueron rivales del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de José Antonio Meade, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN). Los personajes rechazaron las acusaciones.
En México las denuncias de corrupción son frecuentes, pero ninguna había alcanzado esta relevancia, coinciden los especialistas.
En otros casos fueron encarcelados algunos funcionarios, e inclusive en 1995 fue detenido un hermano de Salinas de Gortari, Raúl Salinas. Pero una denuncia como la de Lozoya es inédita.
"Es nuevo porque nunca se había llamado a cuentas a un expresidente en México" dice a BBC Mundo José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).
López Obrador coincide. "Es mucho más fuerte que una serie de televisión, es una denuncia muy grave", dijo en su conferencia de prensa del jueves.
Estas son algunas claves.
Emilio Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016. Antes de asumir el cargo fue responsable de Asuntos Internacionales en el equipo de campaña de Peña Nieto, cuando contendió por la presidencia.
El exfuncionario permaneció prófugo durante varios meses hasta su captura en España, en febrero pasado. En julio Lozoya aceptó ser extraditado a cambio de entregar información que le ayude en su proceso.
Actualmente enfrenta en libertad dos juicios. En uno se le acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.
La FGR afirma que el exfuncionario recibió al menos US$10 millones de la constructora Odebrecht, a cambio de entregar contratos de Pemex y gestionar la asignación de otros en varias dependencias de gobierno.
Parte del dinero, señala la Fiscalía, se utilizó para sobornar a legisladores y asegurar la aprobación de la Reforma Energética, en 2013.
El otro juicio es por la compra irregular de la empresa Agronitrogenados, dedicada a la producción de fertilizantes. La compañía permaneció abandonada durante varios años, y la mayor parte de sus instalaciones fueron consideradas como "chatarra", según peritajes elaborados por Pemex.
A pesar de ello Lozoya promovió adquirir la empresa con un sobreprecio de US$200 millones, afirma la FGR.
Por este caso fue detenido en España el director de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quien era propietario de la empresa de fertilizantes.
AHMSA es una de las principales exportadoras de acero del país. El propietario, señala López Obrador, tenía una gran influencia en gobiernos anteriores.
La denuncia presentada por Lozoya es un escándalo histórico porque "involucra a un grupo muy importante de la clase política del país", explica a BBC Mundo Alberto Aziz Nassif, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
Pero también porque ofrece detalles sobre la forma como algunos presidentes del país, secretarios de estado, gobernadores y legisladores solían realizar operaciones irregulares.
Además de a los expresidentes la denuncia señala a 13 políticos más, entre ellos tres gobernadores,a quienes acusa de recibir sobornos cuando fueron legisladores.
Se trata de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez de Querétaro y Miguel Barbosa, de Puebla.
Los primeros fueron postulados por el PAN y el tercero es parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador.
Los tres rechazaron los señalamientos. "Es un circo" dijo el gobernador de Tamaulipas. "Es una bajeza inaudita", aseguró el mandatario de Querétaro.
Sin embargo, en la denuncia uno de los principales señalados es Peña Nieto, antecesor de López Obrador,a quien se acusa de gestionar y recibir parte de los sobornos de Odebrecht junto con el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
Al menos US$4,5 millones entregados por la constructora brasileña se utilizaron supuestamente para financiar la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.
Otra parte del dinero fue para sobornar a legisladores del PRI, PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que aprobaran la Reforma Energética, según la denuncia de Lozoya.
El dinero también se utilizó para comprar costosos regalos a empresarios y periodistas, acusa.
Lozoya afirma que los obsequios fueron ordenados por Videgaray, quien fue el hombre más cercano a Peña Nieto durante su gobierno. Hasta el momento el expresidente no ha comentado nada sobre el escándalo.
Videgaray, en cambio, publicó en su cuenta de Twitter que las acusaciones "son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos".
También dijo que está listo "para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad".
Emilio Lozoya también involucra al expresidente Felipe Calderón, a quien señala de permitir un contrato irregular con la empresa Etileno XXI, propiedad de una filial de Odebrecht.
El convenio obligaba a Pemex a entregar etano a la compañía con un descuento "inexplicable" de 30%, lo que dejó en desventaja a la empresa estatal, afirma Lozoya.
El negocio"empezó a fraguarse" durante el gobierno del expresidente Vicente Fox (2000-2006), en el que Calderón fue secretario de Energía.
Fox acusó a López Obrador de utilizar el caso "como un instrumento de venganza y persecución política", según publicó en Twitter.
En su denuncia Lozoya afirma que el expresidente Salinas lo presionó para que Pemex pagara a uno de sus hijos US$15 millones por la cancelación del contrato de una plataforma petrolera.
Fue una indemnización irregular pues la empresa responsable del convenio había registrado una explosión por falta de mantenimiento. En el accidente murió uno de sus trabajadores.
Salinas de Gortari no ha respondido a los señalamientos.
En el escándalo uno de los principales beneficiados es el presidente López Obrador, asegura José Antonio Crespo.
"Le permite ganar legitimidad y probablemente tendrá impacto en la elección del año que viene, porque los señalados son gente del PRI y el PAN" explica.
"Eso afecta a la oposición y sin duda tendrá ventajas electorales. Claro que le está sirviendo a López Obrador".
En junio de 2021 en México se elegirán 15 gobernadores, 500 diputados federales y otros 21.000 cargos distintos. Son los comicios más grandes de la historia.
Pero además de la eventual ganancia electoral, el caso Lozoya es útil en la cruzada de López Obrador contra la corrupción, estrategia central de su gobierno.
"Le viene como anillo al dedo, es muy provechoso para todo lo que ha planteado", explica Aziz Nassif.
"Por eso su interés, de alguna manera, convalida su diagnóstico de que el sistema era muy corrupto y que había una mafia que se repartía los recursos".
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