Tras publicar este lunes el artículo “Ayotzinapa: La investigación avanza” en EL UNIVERSAL, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reiteró el compromiso del Gobierno de México en resolver el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas, “asumiéndolo como un asunto de Estado”.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Encinas reiteró que a partir de esta semana se informará sobre todas las acciones que ha realizado la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa en los últimos cuatro años.
“Lo haremos, como desde un principio, sin protagonismo, guardando sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y sus familiares”, dijo.
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El subsecretario recordó los cuatro ejes fundamentales de la investigación que pidieron los padres y madres de los normalistas:
1.- La participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos.
2.- La investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco, Guerrero, por policías federales, municipales y ministeriales.
3.- El análisis de la red de telefonía celular.
4.- El trasiego de droga de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, como posible móvil de la agresión.
“Todos estos temas han sido atendidos. Hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos, dos generales. Sobre los hechos relacionados en el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales; seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, todos sujetos a proceso penal”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.
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Alejandro Encinas agregó que se ha realizado realizó el análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia “para derribar por completo la verdad histórica”.
Sobre el trasiego de drogas, refirió que se cuenta con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y actualmente estas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos.
Acusó que el gobierno encara una “campaña de desinformación” que pretende vulnerar la investigación, cuyos resultados no tienen precedente.
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