El Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, rechazaron la búsqueda que realizan algunos padres en las instalaciones del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero.
Padres consultados por este diario remarcaron que este grupo pertenece a las personas que marcharon por la liberación de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
En un posicionamiento señalaron que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con otras autoridades y unos padres de familia iniciaron una búsqueda en las instalaciones del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero y manifestaron que es una acción distractora que tiene el afán de lavar la cara al ejército frente a los señalamientos de su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.
“Esa diligencia fue decidida de manera unilateral por el presidente en la reunión que sostuvimos en días recientes. Frente al señalamiento de un testigo que afirma 25 estudiantes habrían sido detenidos e ingresados al 27 batallón de infantería.
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“Y posteriormente entregados al grupo delictivo guerreros unidos en una colonia de Iguala Guerrero, el presidente dio instrucciones al subsecretario de derechos humanos para que se hiciera una búsqueda”, resaltaron.
Los padres subrayaron que esta decisión no fue consultada, por el contrario, no se les permitió hablar para manifestar su oposición a tal diligencia.
“En efecto, esa búsqueda en el 27 batallón ya se realizó en 2019 sin éxito alguno, por otro lado, ningún caso tiene buscar allí, no existe dato de prueba que establezca que los estudiantes fueron inhumados en fosas en este lugar.
“El testigo que hace tal señalamiento es claro al referir que los 25 estudiantes estuvieron temporalmente en el batallón mientras eran torturados, después fueron sacados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”, indicaron los padres.
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Enfatizaron que ningún sentido tiene buscar en esas instalaciones militares, más bien, es una acción desesperada del gobierno para limpiar la imagen de un ejército que tenía vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y que la noche del 26 de septiembre del 2014 se colocó del lado de los perpetradores.
Además, supo en tiempo real lo que ocurría con nuestros hijos y ha ocultado información relevante del caso.
“Por lo demás, la asistencia de un grupo minoritario de familiares confirma la pretensión del gobierno de atizar la división y usarlos para legitimar sus acciones, reprobamos estas prácticas añejas de gobiernos autoritarios del pasado que ahora se reeditan”, precisaron.
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