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Aunque en los últimos 12 años, la inversión en infraestructura educativa alcanza más de 450 mil millones de pesos, se desconoce cómo y en qué se han ejercido esos recursos, revela un estudio de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa, que señala que cuatro de cada 10 planteles de educación básica, carecen de uno o varios servicios esenciales, como electricidad, agua potable, lavabos y sanitarios independientes.
El reporte Aprender Parejo: hacia la construcción de una agenda educativa 2024-2030, indica que la cifra contrasta marcadamente con las escuelas privadas, donde sólo 8% enfrenta esas carencias.
Precisa que a partir del ciclo escolar 2010-2011, se dejaron de construir escuelas de educación básica, y resalta que la infraestructura educativa en muchas partes del país no logra crear entornos propicios para el aprendizaje.
“Los últimos datos disponibles, arrojan que dos de cada tres escuelas de educación básica tienen más de 30 años de haberse construido. Si bien esto indica la necesidad de un mantenimiento adecuado de los espacios educativos para las siguientes décadas, también debe de mejorarse la infraestructura de escuelas de más reciente creación, y así asegurar que tengan condiciones indispensables para el aprendizaje”, destaca.
Indica que en contraste con la inversión que se ha realizado en los últimos años y pese a la edad de los planteles, se carece de información consistente y confiable sobre el estado y condición de los espacios educativos de las más de 200 mil escuelas que existen en el país. Por ello, abunda, no se sabe cuáles son óptimas para extender la jornada escolar o cuáles necesitan mejorar el alcance de la inclusión digital de escuelas y estudiantes en siglo XXI.
El informe añade que aun cuando las cuotas escolares están prohibidas, en muchas escuelas públicas del país son utilizadas para financiar el pago de agua, internet (si lo llegan a tener), reparaciones menores de vidrios rotos o goteras e insumos básicos como papel de baño, entre otros.
Establece que mejores diagnósticos y un monitoreo robusto deben ser la base de la nueva política de infraestructura educativa, la cual debe adaptarse a las necesidades específicas de cada escuela.
Las prioridades de las escuelas en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica, que requieren servicios públicos esenciales como agua, drenaje y electricidad, difieren de aquellas en contextos más favorecidos, cuyas necesidades se inclinan hacia infraestructura curricular, como aulas de medios, computadoras e internet, destaca.
“A la hora de priorizar los escenarios de inversión, se recomienda enfocarse en planteles en contextos vulnerables y en estudiantes con menor logro educativo, en los que el impacto positivo podría ser mayor. No puede haber escuelas de primera y de segunda. El país debe tomarse en serio la necesidad de generar condiciones dignas favorables a la educación y exigir un uso adecuado de los presupuestos educativos”, refiere.
Dice que de acuerdo con datos de la SHCP, de 2019 a la fecha se han destinado alrededor de 100 mil millones de pesos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP); sin embargo, abunda el documento, no hay evidencia de que se usaran para la mejora de infraestructura básica en los últimos cinco años.
