Con el endurecimiento de la política migratoria del gobierno federal, los migrantes encontrarán nuevas rutas para transitar por territorio nacional e intentar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos; sin embargo, repercutirá en una “mayor hostilidad y vulnerabilidad", aseguran activistas y especialistas en temas migratorios.
Ayer viernes, el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas en todo el país no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país tras la cancelación en Estados Unidos del llamado Título 42. El INM ordenó también cerrar 33 estancias provisionales en el país.
“Esto es muy probable, y la mayor ventaja la tendrán quienes se dedican al tráfico de personas”, dice el excomisionado del Instituto Nacional de Migración y expresidente del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén López.
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Consultado por EL UNIVERSAL, destaca que el rechazo para otorgar documentos para que las personas en condición de movilidad puedan transitar libremente por el país para alcanzar el “sueño americano”, redundará en una “mayor hostilidad y vulnerabilidad de la población migrante, especialmente de las personas solicitantes de refugio”.
Destaca que la nueva política migratoria de este gobierno para regresar a sus países de origen a indocumentados, transgrede la Ley de Migración, al afirmar que “no se puede regresar a nadie a su país, sin el debido proceso”.
Coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón destaca que la política migratoria de esta administración, empujará a que los migrantes utilicen caminos más riesgosos.
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“Seguramente emplearán caminos más peligrosos. Por ejemplo, muchos estaban entrando por Quintana Roo, por la vía marítima, pero me comentaron que ya están utilizando otras vías porque seguramente la gente va a salir, a migrar”, comenta.
Para Rendón, el giro que se le dio a la política migratoria, “está relacionado con la negociación que recientemente se dio con el gobierno de Joe Biden. Vamos en la misma tónica, siendo ese muro para Estados Unidos. Lo más triste, es que estemos sobre estas políticas de securitización y no hay propuestas integrales de inclusión, de modelos productivos y sobre cómo aprovechar de manera benéfica la migración”.
Investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte (Cisan) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Zepeda Martínez, asegura que el gobierno de México, está endureciendo su política migratoria porque en este momento de aumento de flujos migratorios ante la eliminación del Título 42 tiene que cooperar con la administración de Biden para detener a los migrantes. “Ya no los puede retener en las estaciones migratorias por lo que los está deportando inmediatamente”, agrega.
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Académico del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Anáhuac, Eduardo Rojo señala que el control migratorio es una materia de seguridad nacional en todos los países.
“Inclusive si no fuéramos vecinos de EUA, por cuestiones de sanidad y seguridad es necesario tener controles migratorios. En nuestra realidad, nos toca ser vecinos del polo de atracción más grande del mundo, y si bien tenemos compromisos de buena vecindad con los vecinos inmediatos, también tenemos compromisos internacionales en materia de derechos humanos que debemos cumplir”, destaca.
Sobre el cierre de 33 estaciones migratorias, Rojo indica que “a pesar de lo que se vio en el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez, desafortunadamente una persona que está en el país de manera irregular puede ser víctima del tráfico ilícito y casi de manera inmediata de la trata de personas.
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“La vulnerabilidad de estas personas ante la mano del crimen organizado es muy alta. Aunque con casos como el que vimos en Ciudad Juárez, sea difícil de creer que es mejor que estén resguardados a que estén en manos del crimen organizado”, refiere.
maot