Activistas en derechos humanos de Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo y la Ciudad de México advirtieron que la cancelación de subsidio del gobierno federal a los refugios para mujeres violentadas pone en riesgo la vida de las víctimas de violencia feminicida y trata de personas.

Las lideresas de Grupo Unido de Madres Solteras de Guanajuato, Norma Nolasco Acosta, y del Observatorio Ciudadano de Violencia de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Marmolejo, expresaron una “gran preocupación” por la eliminación de recursos a los espacios creados para las mujeres que están en peligro de muerte.

El panorama será analizado por la Red Nacional de Refugios y por diversos organismos sociales de defensa a los derechos humanos, que emitirán un posicionamiento al respecto.

“Antes de un tema de recursos, debe estar ante todo la vida de las niñas, las mujeres y sus hijas e hijos. La mayoría de los refugios acepta a las mujeres con sus [descendientes]”, dijo Mariana Ávila.

También, Paola Olvera Feregrino, directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún (CIAM), se pronunció en contra de esta medida hacia organizaciones civiles que brindan atención a víctimas de violencia extrema. Implica un “grave retroceso” que vulnera derechos humanos, advirtió.

Dolores Blancas, presidenta de Casa Gaviota, asociación civil que ayuda a mujeres víctimas de violencia familiar, consideró que la medida se toma sin profundizar en las consecuencias negativas.

A Blancas, cuya organización tiene su sede en la Ciudad de México y opera con fondos privados, le han tocado casos de mujeres que tuvieron que ser protegidas en refugios, ya que estuvo o está en riesgo su vida y la de sus hijos.

Como integrante del Primer Parlamento de Mujeres de la CDMX, se pronunció en contra de la decisión, “porque se pone en riesgo a más de 20 mil mujeres y contraviene las obligaciones del Estado de garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y las disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y Ley General de Víctimas”.

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