El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el formato para la obtención de firmas, con miras a solicitar una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si se investiga y somete a juicio a los expresidentes de la República desde 1988 a 2018, con lo que a partir de hoy podrá comenzar con la recolección de rúbricas
Este martes, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, en su carácter de ciudadano, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Aviso de Intención de Consulta Popular para poner a consideración del pueblo de México si los expresidentes deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción.
Así, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió el formato para la obtención de firmas, pero se lo envió al Instituto Nacional Electoral (INE) para avalarlo previamente y este mismo jueves fue devuelto a San Lázaro y aprobado por el pleno.
El legislador planteó la pregunta que se haría a los ciudadanos: ¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?
El formato contiene los espacios para el llenado con el tema de trascendencia nacional planteado: la propuesta de pregunta, el número de folio de cada hoja, el nombre, firma, clave del elector o número de credencial de elector de la credencial para votar y la fecha de expedición de la misma.
Previamente, Mario Delgado informó que se dará a la tarea de recaudar un millón 800 mil firmas ciudadanas para este ejercicio y las deberá entregar a la Mesa Directiva antes del 15 de septiembre para que tenga validez.
El legislador busca que la consulta popular se realice en el marco del proceso electoral de 2021; sin embargo, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que este ejercicio se llevaría a cabo el primer domingo de agosto del próximo año.
Con fundamento en los artículos 14, 20, 21, 23, 24 y 25 de la Ley Federal de Consulta Popular, el coordinador de Morena dio a conocer su intención de comenzar a recabar las firmas necesarias para fundamentar la propuesta de consulta popular ante la Cámara de Diputados, a fin de que convoque a dicho ejercicio.
El artículo 14 de la Ley Federal de Consulta Popular establece que los ciudadanos que deseen presentar una petición de consulta popular para la jornada de consulta inmediata siguiente deberán dar aviso de intención al presidente de la Mesa Directiva de la cámara que corresponda a través del formato que al efecto determine esta última.
“El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara que corresponda emitirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles, una constancia que acredite la presentación del Aviso de intención, que se acompañará del formato para la obtención de firmas y con ello el inicio de los actos para recabar las firmas de apoyo. La falta de presentación del Aviso de intención será causa para no admitir a trámite la petición de consulta popular”, describe el artículo 14 de dicha ley.
El propósito de la consulta, manifestó Delgado Carrillo, es dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir si las personas que han ocupado el cargo de presidente de la República deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción y otros ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como una forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia.
El pasado viernes, EL UNIVERSAL publicó que los grupos parlamentarios que integran la alianza legislativa de Juntos Haremos Historia, es decir, Morena, PT y PES, en la Cámara de Diputados y el Senado conformaron un bloque para respaldar una posible solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República de 1988 hasta 2018, que pudiera presentar el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
Dentro de estos tres grupos parlamentarios ya se definió que, de manera paralela a la posible solicitud presidencial, los diputados federales y los senadores presentarán sendas peticiones, y también de septiembre a marzo próximo se recabarán millones de firmas con los ciudadanos para hacer lo propio.