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Analistas del sector energético consideraron que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no sólo viola la Constitución, sino que es un acto discriminatorio en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A través de su cuenta de Twitter, César Hernández, exsubsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, comentó que la iniciativa implica cambios fundamentales en materia de energías limpias, despacho eléctrico, permisos privados, subastas que “entran en conflicto con la Constitución y los tratados comerciales que México firmó con Estados Unidos y Canadá”.
Indicó que los artículos transitorios de la iniciativa “abren expresamente la puerta a revocar viejos permisos de autoabasto y renegociar contratos de productores independientes”, es decir, agregó, “afectarían derechos adquiridos y expectativas legítimas de inversionistas”.
Víctor Ramírez, analista del sector energético y vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, explicó que de concretarse la reforma promovida por el Presidente, “obliga a los ciudadanos a depender del monopolio de la CFE, al no tener oportunidades de bajar los precios ni a tener energías baratas”.
Advirtió que esto podría encarecer todo: cemento, vidrio, pan, tortillas, embotellados, hoteles, automóviles, además de presentarse una fuga de inversiones y el cierre de miles de empleos, además de generar conflictos legales internacionales.
Recordó que, en el caso de los contratos de productores independientes, se pretende revisarlos cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ya los revisó hace años por una controversia que presentó el director de CFE, Manuel Bartlett, y que perdió. Insisten con un tema juzgado y con consecuencias económicas enormes”.
El analista del sector energético y socio de la firma Grupo Caraiva-León & Pech, Ramsés Pech, coincidió en que la reforma legal propuesta por el Presidente “podría incrementar los gastos de generación en un corto plazo, al despachar con plantas de alto costo”.
Consideró que es una mala señal que puede acarrear des- inversión de jugadores privados ante la falta de certeza sobre cómo recuperar la inversión y competir con plantas de CFE con más de 30 años de operación o depreciadas, en comparación con centrales que tienen tecnología de última generación.
Detalló que la iniciativa se contrapone a lo que dictamina el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en cuanto a la competencia y las regulaciones, pues obliga a la Comisión Reguladora de Energía a gestionar la cancelación de contratos de autoabastecimiento, en el caso que estos utilicen la red de transmisión y no paguen los derechos.
También obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a emitir dictámenes para nuevas plantas “atados a construir líneas de transmisión para poder hacer la carga al sistema de interconexión nacional”.
