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Puebla, Pue. — La reforma al Poder Judicial no funcionará si no se le dota de un presupuesto suficiente, señalaron magistrados, jueces y especialistas que participaron en el sexto foro realizado por la Cámara de Diputados.
En el Centro Expositor Puebla, Humberto Arróniz Meza, magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla, señaló que en la reforma constitucional también se deben contemplar recursos para los Poderes Judiciales estatales.
“Resulta fundamental fortalecer de manera real a los Poderes Judiciales locales, dotándolos de más recursos económicos, materiales tecnológicos e institucionales que permitan ofrecer a los justiciables un servicio digno. De nada serviría una reforma profunda al Poder Judicial si está no se ve acompañada de manera integral con modificaciones paralelas al sistema de procuración de justicia”, dijo.
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Raúl Juan Mendoza Unzón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California Sur, propuso que se brinde capacitación a las personas que quieran competir por un cargo en el Poder Judicial pero que no tengan una carrera judicial.
“Considero importante prever normativamente que las personas que resulten electas para ocupar los mencionados cargos reciban de manera obligatoria una capacitación especializada e intensiva para desempeñar los mismos, especialmente si carecen de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”, subrayó.
Añadió que si no se contempla la gradualidad al elegir a ministros, magistrados y jueces por elección popular, como propone el Ejecutivo, existe un riesgo para la seguridad jurídica.
“Se debe considerar la posibilidad de establecer un esquema de gradualidad para que el relevo de magistrados, jueces en activo, considerando que una sustitución simultánea implica remover y comenzar de nuevo, lo que pudiera generar riesgos en la seguridad jurídica y desconfianza en la capacidad y experiencia de quienes ocupen los cargos en cuestión”, advirtió.
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El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, propuso que en la justicia local la elección por voto popular sea gradual, que la mitad de las ternas en cada elección se integre sólo por mujeres, 50% de las personas tengan carrera judicial y sean votadas y capacitadas previamente a ejercer el cargo, así como el reconocimiento legal de garantía de certeza y seguridad.
José Faustino Arango Escámez, magistrado de circuito, dijo que “la elección popular de juzgadores es muy probable que afecte la calidad de justicia y la independencia”.
Destacó que es necesario que en el país haya un número mayor de juzgados y tribunales.
“Somos un país que tenemos entre cuatro y cinco juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando en la mayoría de los países hay entre 20 y 50 por ese mismo número de habitantes”, detalló.
Susana Camacho, cocoordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, propuso retomar la implementación de la justicia cívica, introducir jurados para que la sociedad participe, separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales y garantizar presupuestos suficientes para los poderes judiciales estatales.
