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Para el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez , el fuero del gobernador de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca , solo le sirve en ese estado, por lo que puede ser detenido en cuanto salga de territorio tamaulipeco, “porque él goza de ese beneficio que le otorga su Constitución local, inmersos dentro del Pacto Federal, pero no así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En entrevista, aseguró que la Fiscalía General de la República ( FGR ) puede solicitar que se gire una orden de aprehensión contra el gobernador Cabeza de Vaca, pero solo tendría validez fuera de Tamaulipas.
“El Congreso local puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo. Pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión [...] eso no le da lugar a violar o a cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que incurra”.
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En entrevista, el legislador de Morena consideró que si un gobernador comete un delito federal, es juzgado conforme a las normas federales “y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia”. Incluso sostuvo que para el gobierno de la República, en términos del Pacto Federal , no podría ya ni siquiera tener recursos públicos la entidad, es decir: ‘no te reconocemos, no estás como gobernador constitucional’ (…) toda vez que ya existe un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados”.
Señaló que le resulta “un poco excesivo” el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia interpuesta por el Congreso estatal, cuando habla de que se podrá actuar contra el mandatario de Tamaulipas hasta que finalice su gestión.
“El ministro (Juan Luis Alcántara) hizo una ponencia. En el recurso de reclamación (de la Fiscalía General de la República) tendrá que irse ya sea a la sala de la Corte o al Pleno de la Corte, para entrar a fondo. Yo me quedo con la parte de la controversia constitucional. El poder legislativo local hizo lo correcto (…) y en este caso quien tendría que pedir el amparo y protección de la justicia federal es el titular del ejecutivo estatal”.
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El presidente del Senado y de la Comisión Permanente conminó a las autoridades impartidoras de justicia y a los investigadores de los delitos a “que actuemos con mucha sensatez. El país no está como para incendiarlo. Hay que actuar con sensatez política y con mucha responsabilidad, sobre todo aquellos órganos que son los representantes de la sociedad, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de la Fiscalía General de la República, que asuma y se conduzca con la autonomía por la que fue creada”.
FGR reclama a la Suprema Corte por caso Cabeza de Vaca
El pasado lunes la FGR impugnó el desechamiento de la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca aprobado por la Cámara de Diputados.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero , presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigido al ministro presidente Arturo Zaldívar, en contra del acuerdo notificado el 14 de mayo pasado en la controversia constitucional 50/2021.
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El acuerdo fue dictado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas al considerar que la declaratoria de procedencia avalada por la Cámara de Diputados no afecta materialmente sus facultades.
En su acuerdo el ministro González Alcántara Carrancá precisó que el gobernador puede ser enjuiciado una vez que termine su cargo.
“Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, señaló el ministro.
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