La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, para sancionar hasta con seis años de cárcel a los candidatos o funcionarios partidistas que entreguen tarjetas o documentos que simulen ser para la promoción de campañas.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó e informó que se turnó a comisiones la iniciativa del senador Alejandro Peña Villa, que establece que se impondrán de 100 a 200 días de multa y prisión de uno a seis años al funcionario partidista o al candidato que incurra en dicha práctica, utilizada prácticamente por candidatos de todos los partidos en el pasado proceso electoral.
Las sanciones se aplicarían a quien “entregue propaganda o documentos que simulen tarjetas bancarias como apoyo económico, beneficio o dádiva a favor de su campaña electoral”, señala la iniciativa del morenista.
Argumenta que diversos actores políticos continúan utilizando este método para invitar a votar por sus propuestas, por lo que existe un vacío legal, pues al no ser tipificado como un delito electoral estos “beneficios” a cambio del voto, que a todas luces puede considerarse como clientelismo, abren la puerta para su uso por parte de los candidatos.
“Esta práctica perversa se traduce en compra y coacción del voto, y es un abuso siniestro de la necesidad económica del pueblo mexicano, por lo que su uso significa que los gobiernos llegan al poder con herramientas ilegítimas que vulneran la voluntad y la soberanía popular, lo que sin duda se convierte en la aniquilación de la vida democrática de nuestro país”, subraya.
Asimismo, se expone que la iniciativa es de gran importancia para regular la entrega de estas tarjetas y tipificarlo como un delito electoral, para que el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la autoridad Judicial de la materia, emitan las sanciones correspondientes a los candidatos que hagan uso de estos recursos que, se agrega, a todas luces representa una compra de la conciencia de la gente al momento de emitir su voto, pues se abusa de que en México existen más de 70 millones de personas en condiciones de pobreza.
En ese sentido, añade que muchas de estas campañas son enfocadas a las mujeres, quienes por cuestiones de violencia y discriminación son un sector que requiere de este tipo de ayudas, pues muchas sostienen sus hogares y no cuentan con los recursos económicos para salir adelante.
En mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR investigar y castigar a los partidos y candidatos que ofrecen tarjetas con recursos económicos a cambio de votos, pues esa es una práctica antidemocrática.
EL UNIVERSAL documentó ese mes que partidos como el PRI, Morena, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y el PAN han empleado tarjetas con promesas de programas o recursos para atraer el voto.
