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Los jueces deben tomar en cuenta las opiniones de los niños al momento de decidir en los procesos de divorcio y en quién se queda con la custodia de los menores.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, presentó un dictamen para armonizar la legislación civil con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se busca la obligación del Estado para que en un procedimiento judicial que implique la separación entre menores de su madre o su padre, se deberá consultar a todas las partes interesadas, incluidos niñas, niños y adolescentes.
“Este dictamen busca garantizar el derecho a expresar la opinión de las niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales de los que sean parte, derivado del caso de un divorcio, a fin de que el juez tome en cuenta la opinión de las y los menores involucrados en función de su edad y madurez, y resolver lo conducente garantizando el interés superior de la niñez”, expresó Josefina Vázquez Mota.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este año se registraron cerca de 150 mil divorcios en México, de los cuales 90% fueron resueltos en sede judicial, y en 40% de los casos no se tenían hijas e hijos menores de 18 años.
El argumento del dictamen es que se incrementan los índices de divorcio, y ante ello es necesario resguardar a los niños.
“Cada vez que se da una disolución matrimonial inicia una lucha entre los progenitores por la guarda y custodia de las hijas o hijos, llevándolos a acudir a sedes jurisdiccionales para que el juez determine bajo sentencia quién de los dos tendrá la patria potestad”, explicó la legisladora.
La Convención sobre los Derechos del Niño prevé la obligación de dar a los niños y adolescentes la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Mientras que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contempla que en todos los casos se tendrá en cuenta la opinión de los menores conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez en materia de patria potestad.
El dictamen avalado por el pleno del Senado fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.
