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A más de 20 años de que Johanna Fisher Garza quedó parapléjica por una negligencia médica, su familia se quedó sin opciones para que las autoridades mexicanas dieran con los responsables y ahora buscan justicia a nivel internacional.
Lawrence Flores, abogado de Johanna y su familia explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que desde hace aproximadamente mes y medio llevaron el caso de Johanna a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia a la que solicitaron reconocer las graves violaciones a los derechos fundamentales cometidas por médicos y autoridades mexicanas.
El jurista lamentó que en el sistema interamericano los procesos son muy lentos y calculó al menos dos años para saber si la CIDH entrará o no al estudio del asunto.
“Ya nos dieron el número de petición. En la Comisión Interamericana los procedimientos son exageradamente lentos: para que sepamos si admiten o no, tendrá que pasar entre dos o hasta tres años.
“Nosotros seguimos nutriendo al organismo de información porque siguen saliendo muchas cosas con el caso de Johanna y ahora de Alejandra [la madre], quien tiene mucho temor porque ha sido víctima de amenazas por parte del doctor que atendió a su hija hace más de 20 años”, aseveró.
En consecuencia, podrían pasar hasta 10 años para que Fisher Garza y su familia obtengan una resolución por parte de la instancia, a la que solicitaron que el Estado mexicano se haga responsable de la atención médica de la joven y sus familiares.
Además, pidieron que se reabra el caso para investigar a los involucrados en la intervención médica que dejó a parapléjica a Johanna cuando tenía 13 años.
La historia
A los 13 años de edad, Johanna Fisher Garza fue intervenida por una malformación arteriovenosa que tenía en la cabeza, en el hospital privado Christus Muguerza en Monterrey, Nuevo León, donde luego de la cirugía su médico, Hernán Campa Núñez, afirmó que la niña había salido “perfecta” de la operación.
Dos semanas después, el galeno, que no era pediatra, informó a los padres de Johanna que ordenaría retirar el ventilador que le ayudaba a respirar para, eventualmente, darla de alta.
La noche que se ejecutó la orden de retirar el aparato, la enfermera Anita Urbina llevó a cabo la acción, pero sin seguir los protocolos vigentes en la época, 1998, y la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Alejandra Garza y su esposo se enteraron de que su hija había caído en paro cuatro años después de los hechos, pues la enfermera y personal del hospital participaron en la alteración del expediente clínico para ocultar lo ocurrido y crearon expedientes falsos, pues derivado de esto, Johanna había quedado con paraplejia.
Aunque hubo otros médicos involucrados en el caso, la única persona detenida y acusada fue Anita Urbina, quien confesó la alteración del expediente clínico.
El Gran Diario de México informó en diciembre de 2018 que el caso de Johanna se encontraba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), última instancia nacional que su familia tenía para pedir justicia.
Lo anterior, debido a que la defensa de Urbina solicitó la prescripción de los delitos por los que estaba siendo procesada: lesiones culposas con agravante de responsabilidad médica técnica y administrativa, así como falsificación de documentos.
En marzo de 2019, la Corte declaró prescritos los delitos, amparó a la inculpada y, al menos en México, el caso quedó prácticamente cerrado.
“Con la resolución de la Corte, los ministros libraron a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable, porque se utilizará el mismo argumento de prescripción de la acción penal. Entonces, [a través de esta vía] ninguna persona ya puede ser perseguida por este asunto”, explicó el abogado Lawrence Flores.
La Corte indicó a Alejandra Garza, madre de Johanna, que podía intentar demandar una indemnización vía civil, o acudir a la Comisión Estatal de Víctimas para pedir una reparación del daño.
“En la vía civil está prescrita la acción porque ya pasó el tiempo, pues el derecho para la acción empieza a correr a partir de que se generó el hecho, no hasta que la Corte emitió su resolución.
“Para eso la familia tenía dos años y en las comisiones de víctimas se necesita una sentencia condenatoria misma que no puede existir, porque la Corte ya señaló que está prescrito el delito”, precisó el jurista.
En la demanda, la familia de Johanna alegó que se violó el derecho a la integridad corporal y al proyecto de vida de la joven; a ellos, el derecho de acceso a la justicia, así como a que se juzgue con perspectiva de género y conforme al interés superior del menor, ya que al momento de los hechos la víctima tenía 13 años.
Aunque el caso contra Anita Urbina no puede ser retomado, los miembros esperan que la CIDH recomiende reabrir el expediente para juzgar, sancionar al resto de los responsables del hospital y que se investiguen las malas acciones del Ministerio Público de Nuevo León que incurrió en irregularidades durante la investigación.
