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El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá una iniciativa que reforzará los controles para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas fantasma.
El marco jurídico considera incrementar las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente, y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos.
Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares; es decir, casi 5% del PIB nacional.
Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios.
La iniciativa establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas fantasma.
Con la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.
La ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades.
Las modificaciones, dijo, permiten la creación de un padrón único de contratistas “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación.
