Los presidentes de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), y de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena (Morena), en la Cámara de Diputados, se unieron para presentar una reforma a fin de castigar hasta con siete años de prisión y una multa de hasta 86 mil pesos a quienes bloqueen cualquier carretera del país o vías del ferrocarril, y obtengan un lucro o impidan el cobro en cualquier caseta.
En el documento que firmó Carlos Elhier Cinta Rodríguez, también se busca que quienes dañen las vías de comunicación o los medios de transporte, o interrumpan obras viales, o cualquier operación, sean penados con hasta siete años y multados con hasta 43 mil pesos.
“Quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de trasporte, que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados”, define la iniciativa, que busca reformar el artículo 533 y adicionar otro a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La diputada Juanita Guerra dijo que con esta reforma se pretende robustecer el marco sancionatorio punitivo en lo que respecta al bloqueo de carreteras y defender el derecho constitucional de los mexicanos a la movilidad y libre traslado en el país.
“Las carreteras son de nuestros activos más importantes, no sólo desde la perspectiva de la conexión y traslado de personas, sino también porque en donde hay una vía de comunicación, hay progreso, desarrollo económico, intercambio social, cultural y de servicios.
“Nadie puede negar que donde hay una carretera que conecte regiones hay un desarrollo humano. La red de carreteras mexicanas no sólo forma parte de una distribución de bienes y servicios, en términos orgánicos”, afirmó Juanita Guerra.
Agregó que el boteo en las casetas genera pérdidas al sector por más de 7 mil millones de pesos, sin considerar los costos adicionales no cuantificados en el daño patrimonial de los autos, costos logísticos, afectaciones a particulares que se ven impedidos en realizar sus actividades y cadena de movilidad.
Estos costos son directos, como en los casos de las concesiones a Fonadin y a Capufe, por un carácter público, daños que son y están cuantificados, de 2019 a 2020, por 7 mil millones de pesos.“Esta propuesta es congruente con el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que esta problemática ha adquirido relevancia nacional y se ha señalado en diversos medios de comunicación, que estos actos no serán permitidos y que no existe causa social que lo justifique”, explicó la legisladora morenista.
