El gobierno, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), busca reducir 50% la tasa de embarazo en mujeres de entre 15 y 19 años, así como erradicar la fecundidad en menores de 14 años.
En un encuentro virtual encabezado por Gabriela Rodríguez, secretaria General del Conapo, se informó que se redefinió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), la cual tendrá una segunda fase para acelerar el cumplimiento de sus objetivos ante los retos que ha traído el Covid-19.
Esta fase buscará tener impacto en todos los municipios, donde se fortalecerá la educación sexual y se fomentará la participación de los hombres en la prevención del embarazo adolescente, el alcoholismo y la violencia de género.
Las autoridades decidieron dar un giro a la Enapea luego de una evaluación que le hicieron especialistas de la Unión Europea y América Latina.
La titular del Conapo explicó que, para lograr la reducción del embarazo adolescente, se buscará la cooperación de dependencias como la SEP, el Inmujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
En la sesión también participó Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, quien reconoció la evaluación que los especialistas extranjeros hicieron a la estrategia mexicana contra este fenómeno. Destacó que el gobierno está comprometido en lograr la meta trazada en favor de los derechos de los adolescentes.
Por su parte, Patricia Zúñiga, secretaria ejecutiva del Inmujeres, enfatizó la importancia de prevenir la violencia sexual en mujeres menores de 15 años.
“Tenemos que intervenir (...) para que niñas no sean vendidas y no se envíe la señal de que pueden seguir siendo violadas (...) Debemos anticiparnos y evitar que sucedan estas situaciones, que los protocolos no sólo sean para atender a las chicas cuando ya están embarazadas”, dijo.
En esta semana, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimó que México pierde, al año, hasta 63 mil millones de pesos por los embarazos en adolescentes.
Esta cifra se calculó a partir de los gastos y pérdidas que las familias y el Estado tienen cuando una mujer joven se embaraza. Se tienen en consideración factores como la deserción escolar y el desempleo, entre otros.
“El embarazo en adolescentes constituye un problema social y económico. Involucra costos de oportunidad para el desarrollo social y el crecimiento económico del país”, indicó el UNFPA.