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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá conceder el amparo a un padre de familia y a su hijo, a quien consideró víctima de discriminación por parte de una escuela secundaria que le negó el acceso al segundo año por tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
El ministro Alberto Pérez Dayán presentará el miércoles un proyecto en el que prevé avalar una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que ordenó al colegio pagar la reparación del daño.
El litigio inició el 24 de septiembre de 2014 cuando el padre del menor presentó una queja ante el Conapred.
El colegio alegó que el menor tenía una conducta violenta y exhibió un reporte de 2013, en el que la psicóloga de la institución hizo constar que padece TDAH.
El 28 de marzo de 2016, Conapred determinó que personal de la escuela realizó actos de discriminación, porque la negativa fue con motivo de la discapacidad del menor.
La escuela impugnó, hasta que el asunto llegó a la Decimocuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que el 3 de julio de 2017 declaró la nulidad de la resolución.
En el amparo, el asunto llegó a la SCJN, donde Pérez Dayán coincidió con el Conapred y propondrá ratificar la determinación de que la escuela incurrió en trato discriminatorio.
“En el informe que fue rendido por la institución educativa dentro del procedimiento administrativo de origen se reconoció expresamente que el colegio negó la reinscripción al menor de edad pretendiendo justificar que ello fue debido a la conducta agresiva, además de señalar que ‘no era la escuela adecuada para recibirlo’”, señaló.
Consideró ilegal que la sala administrativa tratara de obligar al padre a acreditar que la conducta de su hijo fuera producto del TDAH, pues ello derivaría en una herramienta a favor de la discriminación y no contra ella.
Si el proyecto es aprobado, el asunto deberá regresar a la Sala Regional para que dicte una nueva resolución en la que establezca que el Conapred estuvo en lo correcto, al considerar la decisión del colegio como un trato discriminatorio y estudie si la sanción económica es o no ajustada a derecho.
