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El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, estableció que el gobierno federal garantiza la atención de la embarazada que en plena libertad decida una interrupción del proceso de gestación antes de las 12 semanas, y lamentó que la práctica fuera de las regulaciones médicas sea causa de incluso la muerte.

Al respecto, el director del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que ante la incidencia de embarazo infantil, el instituto debe atajar la situación, pues representa un problema grave de salud.

De manera enfática, estableció: “Yo no voy a admitir que las niñas más pobres tengan condiciones distintas a las niñas ricas, que van a clínicas privadas, donde con toda higiene y seguridad realizan cualquier procedimiento”.

Martínez Cázares afirmó que “el embarazo infantil es una tragedia y el IMSS lo debe atender, resolver el entuerto terrenal. Es un dolor, un reto que tiene el país”, dijo.

Apuntó que “no tiene nada contra ninguna preferencia religiosa. Yo incluso tengo la mía —muy mala, por cierto—, pero soy el director del instituto y el instituto tiene que [agarrar al] toro por los cuernos [y] atajar el embarazo infantil”.

Alcocer Varela y Martínez Cázares comparecieron en el Senado por separado, en comisiones, y respondieron cuestiones sobre la política pública relacionada con el aborto; sin embargo, evitaron usar ese término.

El titular de Salud advirtió que las interrupciones del embarazo “en condiciones de acto ilegal [provocan] la muerte o un legrado mal realizado, [lo que] da lugar a infertilidad posterior”.

Dijo que la educación sexual es de primera importancia y que debería empezar a la edad de cinco años, no hasta la secundaria, cuando ya se arrastra como un tabú.

Explicó que “la posición médica de la Secretaría de Salud es proveer claramente las condiciones de manejo para una decisión libre de la mujer, como el derecho a interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas”.

Adeudos al IMSS. Por otro lado, el director del IMSS reportó a los senadores que distintas empresas adeudan 23 mil 235 millones de pesos. Las tres principales deudoras son Mexicana de Aviación (mil 598 millones de pesos), Oceanografía (482 millones de pesos) y Mano de Obra Calificada del Golfo, S.C. (324 millones de pesos).

En rango de gobiernos, el que más debe es el municipio de Carmen, Campeche (401 millones de pesos), el estado de Michoacán (304 millones de pesos) y Ensenada, Baja California (215 millones de pesos).

En tanto, Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó al Senado en comparecencia que hechos de corrupción han sido ubicados en la operación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dijo que las investigaciones están en curso y que con base en elementos de prueba se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

El secretario Alcocer recibió la petición de que “el sistema de Salud no se paralice ante la desconfianza que genera la corrupción, a fin de que los pacientes puedan recibir medicamentos y servicios”.

También escuchó llamados de atención, ya que se llevaron a cabo despidos a raja tabla en el sector Salud, lo que determinó que hubiera enfermos sin atención y servicios de urgencia insuficientes.

A su vez, el director del IMSS, Germán Martínez, dijo que la institución carga con un déficit de personal e infraestructura, y que incluso aún hay hospitales dañados por sismos.

Explicó que atacará los problemas con el combate a la corrupción, coordinación interinstitucional y que hará una recomposición del sistema de adquisiciones de medicamentos.

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