México superó recientemente, la cifra de cien mil personas desaparecidas desde 1964 y se estima que en el país desaparecen 28 personas al día. Por ello, la diputada federal priísta Paloma Sánchez Ramos presentó una iniciativa para establecer un ingreso mensual para las víctimas y para familiares de desparecidos , y que se destinen los recursos presupuestales necesarios para salvaguardar la integridad familiar y sus necesidades materiales
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, indica que la Federación, entidades federativas y municipios, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo.
Expone que a la par de las desapariciones diarias, hay al menos 50 mil cuerpos sin identificar, por lo que la crisis forense a la que se enfrenta México no tiene precedentes. Solo para cumplir con lo dispuesto en la ley, el país tardará 120 años, lo que no dará respuesta a las víctimas ni a sus familias.
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Refiere que a pesar de los esfuerzos que la legislación ha buscado para garantizar a las víctimas de desaparición la memoria y justicia que les corresponden, a la fecha todavía no existe un Plan Nacional de Búsqueda y el trabajo de las comisiones locales de búsqueda se ve entorpecido por falta de recursos y apoyos desde el Gobierno Federal.
La diputada del PRI relata que han sido las familias quienes han formado más de 60 colectivos en todo el país y realizan búsquedas por cuenta propia, aunque en la práctica muchos otros operan sin un reconocimiento específico.
De ahí que las familias invierten tiempo y dinero para realizar búsquedas que no necesariamente están acompañadas por el gobierno, por lo que muchas veces tienen la necesidad de subemplearse o conseguir recursos para continuar con la búsqueda de sus familiares.
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La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, precisa que los familiares de personas desaparecidas tienen derecho a las medidas de atención y asistencia que señala la Ley General de Víctimas.
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