El gobierno buscará replantear su esquema de seguridad con Estados Unidos y desaparecer la Iniciativa Mérida, a la que considera como un mecanismo unilateral para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. Además, revisará y pondrá orden con las 20 naciones que han acreditado agentes en materia de seguridad en territorio mexicano.
Lo que busca la autoridad mexicana es un mecanismo de cooperación con Estados Unidos para el combate al crimen organizado, pero que sea bilateral.
Al gobierno de Estados Unidos, que encabezará Joe Biden a partir del 20 de enero, se le presentará un proyecto de combate a la inseguridad, pero con las necesidades de México
De lo que se trata, indicaron fuentes diplomáticas, es de encontrar con ese país un nuevo paradigma de cooperación que realmente sea una herramienta de respeto mutuo, para resolver problemas comunes.
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Agentes
Además, se quiere establecer un nuevo mecanismo de trabajo con los 20 países que tienen en México personal acreditado para labores de seguridad. Entre esas naciones se encuentran Estados Unidos, Francia, Brasil, Canadá, Colombia, Alemania, España e Israel.
Según las fuentes, las autoridades mexicanas buscan poner orden en los agentes extranjeros que están en territorio nacional y que llevan a cabo funciones inherentes a seguridad.
No se trata de prohibir la presencia de estos funcionarios, quienes hacen labores de investigación en cuestiones de combate a la delincuencia organizada, sino de ordenar el esquema bajo el que se conducen.
Hay casos, explicaron las fuentes, en los que las misiones diplomáticas no reportan las funciones que desempeñan sus agentes, por ello es que la autoridad mexicana busca revisar todos los expedientes para determinar quiénes caben en la definición de “agente extranjero”.
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Por ejemplo, Estados Unidos tiene en México agentes pertenecientes a distintas agencias como la DEA y el FBI.
Según la página de la embajada de Estados Unidos en México, al menos la DEA (Administración para el Control de Drogas) tiene oficinas regionales en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo y Mérida.
Ayer, la administración federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para regular la relación de servidores públicos con agentes extranjeros.
Se establece que las embajadas deberán informar sobre los hechos que puedan tener un impacto significativo en la vida del país, que representen una amenaza a la seguridad nacional o que se refieran a presuntas conductas delictivas de servidores públicos o exfuncionarios mexicanos.
Además, los servidores locales deberán informar sobre cualquier intercambio de información con agentes extranjeros, para lo cual tendrán hasta tres días después de realizar el contacto.
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Las embajadas de los países que tengan agentes en México deberán enviar un informe mensual a las autoridades locales correspondientes sobre los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, con la confidencialidad que corresponde.
En noviembre pasado, el gobierno mexicano se vio sorprendido tras el anuncio que le hiciera la autoridad de Estados Unidos sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
El exfuncionario federal —que ocupó el cargo en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto— fue detenido a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado de tráfico de drogas.
Después de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los agentes extranjeros que llevan a cabo labores en México.
De inmediato se comenzó a “cocinar” la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sobre la acreditación de agentes extranjeros en México.
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La legislación se logró en lo inmediato, pero llevó a que el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, declarara que sólo beneficia a las organizaciones criminales, además de que representa un retroceso en la coordinación entre las dos naciones en materia de seguridad.
En diciembre pasado, la autoridad estadounidense decidió retirar los cargos al general Cienfuegos y entregarlo a las autoridades mexicanas, que abrieron una investigación que ayer terminó al concluirse que el general Cienfuegos carece de vínculos con el narcotráfico.
Ayer, el todavía embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, declaró que con las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional en México, Washington quedó bastante decepcionado, sobre todo porque no hubo coordinación entre ambas naciones.
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El tema de la coordinación, añadió, es una situación importante, sobre todo cuando se trata de seguridad. “México no le hace un favor a Estados Unidos y Estados Unidos no le hace un favor a México, son temas importantes de coordinación.
“Por el caso Cienfuegos, la respuesta no debe ser poner en peligro la colaboración. Obviamente, México es un país soberano y pone sus leyes, pero ambos deben tener las mismas metas: detener al crimen organizado”, apuntó Landau.