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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción propuso al Senado un paquete de reformas a cinco ordenamientos, a fin de lograr eficacia en sus funciones y endurecer sanciones a prácticas ilícitas en contrataciones gubernamentales que, a pesar de los montos muy elevados, reciben sanciones pequeñas.
En México ocurre el absurdo de que se realizan contrataciones ilícitas de miles de millones de dólares, que pueden poner en riesgo la estabilidad del país, y la ley contempla sanciones mínimas y sustitutivos penales, reportó al Senado la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja.
En el primer Informe anual de actividades y resultados que presenta a la Cámara Alta, señaló que para operar con eficacia requiere de reformas a cinco ordenamientos jurídicos, en los que, por ejemplo, propuso “regular el uso de aparatos electrónicos para obtener pruebas sin que invadan la privacidad de la persona”, lo cual sería motivo de adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.
En materia de combate al lavado de dinero, Mijangos Borja planteó considerar como “actividad vulnerable” que un servidor público en ejercicio de sus funciones “utilice el sistema financiero y crediticio para la adquisición e incremento de su patrimonio”.
Propuso igualmente reformas a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y Nacional de Extinción de Dominio.
María de la Luz Mijangos informó que la naciente fiscalía cuenta por vez primera con presupuesto anual, fijado en poco más de 161 millones de pesos, y se espera que la organización interna de la fiscalía a su cargo defina por sectores sus prioridades.
Planteó que haya “áreas especializadas en corrupción, contrataciones públicas, programas sociales, sector Salud, Seguridad Nacional o corrupción corporativa.
“Como lo propuso el fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], en cada una de las áreas habría equipos de investigación y litigación, compuestos por analistas, peritos oficiales, ministeriales y policías de investigación bajo la conducción del Ministerio Público”, que podrán atender casos complejos y contar con una visión global y de largo alcance, al momento de la judicialización de los asuntos.
La fiscal anticorrupción expuso sobre este cáncer: “Enfrentarlo se vuelve más difícil, y prevenirlo, casi imposible”, debido a que “es un fenómeno que se autorrefuerza, ya que producir grandes ganancias ilícitas hace que se generen los incentivos para su reproducción”.
Expuso una estrategia: combatir, por un lado, “la gran corrupción”, con la investigación de delitos cometidos por las empresas, que son el otro lado del problema, y acabar con la impunidad de la que gozan junto con sus representantes.
De esta manera “se crearán incentivos y criterios que procuren el debido control interno de sus organizaciones, mediante mejoras a su gobierno corporativo y el desarrollo de programas de integridad y de cumplimiento”.
Respecto a contrataciones ilícitas que representan compromisos federales por miles de millones de pesos, Mijangos Borja propuso “contemplar sanciones superiores a las actuales, sin derecho a beneficios o prerrogativas, cuando el monto de la afectación patrimonial del Estado sea superior a 25 mil Unidades de Medida y Actualización”.
