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Raúl Hernández Flores “El Tío”
, busca que el gobierno de México solicite garantías de que no se le aplicará la pena de muerte una vez que sea extraditado y juzgado en los Estados Unidos , país que lo requiere por asociación delictuosa para distribuir ilegalmente sustancias controladas y cocaína.
Ante el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, “El Tío”, identificado como uno de los principales narcotraficantes mexicanos , intentó evitar su extradición a EU.
Sin embargo, debido a que desde el año pasado otro juez le negó el amparo contra esta orden y esta decisión ya fue confirmada por un tribunal Colegiado, únicamente le admitió la demanda de amparo contra la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a garantizarle que no le será aplicada la pena de muerte una vez que llegue a EU.
“La negativa por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de solicitar a los Estados Unidos de Norte América, una carta compromiso en la cual se comprometiera a la no aplicación de la pena capital, así como la carta compromiso, en la que señalen que no será juzgado por diversos cargos a los señalados en la petición formal”, indicó como actos reclamados.
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La petición derivó de las declaraciones de Kyle J. Mori, agente de la DEA, que afirmó que EU investiga a Flores Hernández por homicidio , delito por el cual no fue concedida la extradición, y por el que en dicho país existen estados en los que se aplica la pena de muerte.
Flores Hernández fue señalado por el gobierno estadounidense como uno de los capos mexicanos de la droga e incluso señaló al futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez por tener nexos con “El Tío” y supuestamente lavar dinero proveniente de sus actividades ilícitas.
Esto derivó que en México las cuentas de ambos fueran bloqueadas y aunque ya fueron liberadas, actualmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aún tiene en la lista de personas vinculadas al lavado de dinero a Julión Álvarez .
La extradición concedida al gobierno de EU derivó de una orden de aprehensión emitida por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia por asociación delictuosa para distribuir ilegalmente sustancias controladas y cinco kilos de cocaína.
