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Desde el 1 de diciembre de 2018, día que inició la nueva administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, 52 denuncias por supuestos despidos injustificados a trabajadores públicos han sido presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, el organismo nacional detalló que de las 52 quejas interpuestas, 47 corresponden a ex trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dos provienen de empleados de la Secretaría de Gobernación (Segob), igual número de ex empleados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como una queja por parte de un ex funcionario de Liconsa.
En la respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que las quejas fueron turnadas a la Sexta Visitaduría General del organismo para su atención.
Una de estas denuncias fue hecha por Óscar Ernie Orozco Perea, que actualmente es director General Adjunto B de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y quien informó que el 19 de diciembre del año pasado, Miguel Ángel Cancino Aguilar se presentó a su oficina como nuevo titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedatu y le solicitó su renuncia, pero le anunció que ésta sería sin liquidación.
“Le solicité al doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar que si necesitaba mi renuncia, me pagara la indemnización a la que tengo derecho [por ley], respondiendo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cuenta con recursos para pagar indemnizaciones”, detalló el funcionario afectado.
En entrevista con El Gran Diario de México indicó que con la finalidad de no tener discusiones con él, acordaron que presentaría su renuncia con fecha del 15 de enero de este año, para surtir efecto a partir del 16 de enero; sin embargo, “no se me entregó acuse de recibo”, dijo Orozco Perea.
“El doctor Cancino Aguilar me pidió ya no venir a laborar desde el 20 de diciembre, pero sigo asistiendo de manera regular a la dependencia, debido a que existen necesidades del servicio que requieren de mi presencia, sobre todo para la firma de documentos importantes relacionados con el área, ya que soy el único servidor público con facultades para hacerlo, puesto que a la fecha no hay titular de unidad legalmente nombrado”, detalló el entrevistado.
En este sentido, reclamó que Cancino Aguilar es actualmente el procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), por lo que, argumentó, “podría estar incurriendo en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público”.
“El artículo 214 del Código Penal Federal detalla que quien ejerza las funciones de un empleo sin haber tomado posesión legítima, no puede desempeñar un cargo o hacer uso de las facultades que le corresponden”, afirmó el afectado.
Tras esto, Óscar Ernie Orozco Perea envió una carta a Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde informa sobre la retractación de su renuncia.
“No fue mi voluntad personal renunciar a mi cargo ni tampoco ha surtido efectos legales dicho escrito, aunado a que no se me proporcionó acuse de recibo y quien me solicitó la renuncia no cuenta con atribuciones y facultades para hacerlo”, afirmó el funcionario presionado para causar baja de su puesto.
En la carta entregada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Orozco Perea señala que si en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se desea que se separe del cargo, “pido que se me indemnice conforme a la ley o bien, que se me permita continuar en mi cargo sin represalia alguna”.
Este diario solicitó una posición a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; sin embargo, al cierre de esta edición no había emitido algún comentario sobre esta denuncia.
