Brenda Quevedo Cruz

, acusada del secuestro y homicidio de , señaló que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha incumplido con una resolución de la ONU en la que ella fue considerada como víctima de detención arbitraria en México.

A través de una demanda de amparo, Quevedo Cruz señaló que la Segob no ha establecido un mecanismo de reparación integral a su favor ni se han realizado las modificaciones legislativas para evitar que actos como los que fueron ejecutados en su contra, se repitan en un futuro.

“Las autoridades expresamente señaladas como responsables no han llevado a cabo un plan de trabajo coordinado con otras entidades de la Administración Pública Federal, para entre otras cuestiones, realizar el registro de la directa quejosa en el Registro Nacional de Víctimas”, señaló.

La demanda no ha sido admitida aún, pues un juez de amparo en materia penal y otro en materia administrativa no han decidido quién de los dos es competente.

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El pasado 25 de agosto, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) adoptó la opinión 45/2020, notificada a México en septiembre del 2020, en la que consideró que Quevedo Cruz ha sido víctima de tortura , tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su proceso legal desde su detención, ocurrida en 2009, y hasta la fecha.

Por ello, solicitó la liberación inmediata de Quevedo Cruz pues consideró que las autoridades mexicanas no han justificado que en 11 años, la mujer permanezca detenida y en espera de sentencia.

Debido a que a la fecha Brenda Quevedo permanece privada de su libertad, su defensa tramitó otro juicio de amparo en materia penal acusando también el incumplimiento de esta petición del GTDA por parte de las autoridades mexicanas.

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