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La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para ratificar la denuncia que su excandidato al gobierno de Baja California , Jaime Martínez Veloz, interpuso contra Jaime Bonilla (Morena), el ganador de la elección local en julio pasado, por la ampliación de su mandato de dos a seis años .
Martínez Veloz acusó que gente cercana a Bonilla entregó entre 200 mil y 400 mil dólares a personeros de diputados en el séptimo piso un hotel de Mexicali, días antes de que avalaran la reforma a la constitución local que encendió las alertas en los partidos de oposición.
“Traemos un documento donde una persona denuncia que fueron reunidos en un hotel de la localidad de Mexicali, eran recibidos personeros de cada diputado local, eran subidos al séptimo piso de ese hotel y un funcionario cercano a Bonilla les entregaba cantidades de 200 mil dólares, 300 mil y 400 mil dólares”,
acusó Martínez Veloz.
El excandidato perredista también indicó que días antes de que se avalara la reforma en el congreso local, el presiente del congreso del Baja California denunció que el administrador de las aduanas de Mexicali le había ofrecido un millón de dólares por convocar a la asamblea para ampliar el periodo.
“Traemos un video que vamos a hacer del conocimiento de la Fiscalía, en donde está la declaración puntual del presidente congreso del estado, que el día 31 de mayo declara el ofrecimiento. Después, el 8 de julio se convoca al congreso, no aparece en la agenda del orden del día la ampliación del periodo, sin embargo un diputado de Morena lo propone y votan 21 diputados”,
dijo.
Martínez Veloz llegó a las oficinas de la FGR poco antes del mediodía de este jueves, acompañado de Fernando Belaunzarán y Ángel Ávila, integrantes de la dirigencia temporal del PRD. En entrevista, dijo que presentaron una solicitud a la Fiscalía para que solicite los videos y verifique qué personas estuvieron en los hechos que acusa.
“Esta manifestación es de apoyo a la denuncia que presentó Jaime Martínez Veloz, tiene que ver con un antecedente político que sería pernicioso para la vida política de este país, de que los congresos comprados puedan alargar o acortar los periodos constitucionales, generaría un precedente muy riesgoso para la estabilidad del país”,
indicó Ávila Romero.
