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Las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentarán una demanda de juicio político contra el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por el uso indebido del servicio público para dañar la reputación del aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
En un comunicado, señalaron que, indebidamente, la PGR usa la secrecía con “fines políticos”, “filtrando” constantemente información para “difamar y calumniar” a Anaya, por lo que se puede decir que “Elías Beltrán se ha convertido en el jefe de la guerra sucia del PRI”.
Calificaron de “juego perverso” la serie de maniobras que realiza la PGR en la investigación sobre la presunta red de lavado de dinero por parte del empresario Manuel Barreiro, por lo que anunciaron que presentarán un juicio político contra Beltrán, a fin de que deje de usar con parcialidad a las instituciones de justicia federal, pero sobre todo, se convierta en un verdadero “mapache electoral”.
Piden indagar a Meade. Ayer, dirigentes de los tres partidos que integran Por México al Frente, señalaron a Meade de presuntamente cometer desvío de recursos, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015 y 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los desvíos en universidades, afirmaron, ascienden a más de 500 millones de pesos, y fueron detectados cuando José Antonio Meade fue titular de Sedesol.
Al respecto, el equipo de campaña de Meade pidió a Anaya no intentar desviar la atención sobre acusaciones en su contra, de beneficarse de un esquema de lavado de dinero.
Aclararon que los contratos fueron firmados antes de su llegada, que en su gestión se aplicaron auditorías por las que salieron 468 funcionarios y se presentaron denuncias penales; Meade, informaron, se suma a la exigencia de que las indagatorias en los contratos con instituciones de educación superior concluyan a la brevedad y se informe el resultado.
Antes los panistas dijeron que las bancadas de los tres partidos solicitarán a la ASF que amplíe la información sobre los señalamientos del 2015, y ver si fueron solventados.
