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El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, imitó el sonido de un tren (chu-chu-chú) para evitar hablar sobre la investigación que realiza la SFP de si en su declaración patrimonial omitió informar sobre una serie de propiedades a nombre de su pareja y familia, como reveló una investigación del periodista Carlos Loret de Mola en EL UNIVERSAL.
—¿Cómo va este asunto de las propiedades y las empresas a su nombre? —se le preguntó.
—El Tren Maya va muy bien, chuchuchú, chuchu —dijo, y comenzó a caminar hacia la Puerta Mariana de Palacio Nacional.
Antes, el director de la CFE comentó que sostuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde vieron los pormenores del Tren Maya y ahí también usó la expresión: “Estuve en la reunión del Tren Maya y pues ya va: chu-chu-chú”.
El 28 de agosto, el periodista Carlos Loret adelantó en EL UNIVERSAL que Bartlett, junto con su familia, ha construido un “imperio inmobiliario” con 23 casas de lujo.
Nueve de esos inmuebles están registrados a nombre de su pareja, Julia Abdala, y tres más al de su hijo, León Manuel Bartlett, los cuales fueron omitidos en su declara-ción patrimonial.
El pasado 24 de septiembre Loret de Mola dio a conocer que también Bartlett Díaz ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) su relación con 12 empresas y, además, afirmó que no tiene ningún posible conflicto de intereses.
De 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó 10 sociedades, de las que cinco son encabezadas por la pareja del titular de la CFE, Julia Abdala Lemus, y cinco por su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.
En otras dos, Bartlett Díaz participa directamente: ambas fueron creadas antes de 2000 y están vigentes ante la Secretaría de Economía. Lo anterior se suma a bienes inmuebles a nombre de sus familiares,
por lo cual la Función Pública abrió una investigación.
El exsenador de la República, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla ha señalado que existe una campaña de despres-
tigio en su contra por su lucha anticorrupción en las compras de esa institución, que al año, explicó, representan más de 250 mil millones de pesos.
Además, ha explicado que no existe ninguna razón jurídica para “separarse del cargo”, por lo que espera el resultado de la investigación de la SFP.
