Las operaciones del Banco del Bienestar estuvieron en riesgo en 2021, según fiscalizaciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que reportó irregularidades en el gasto de poco más de 4 mil 500 millones de pesos y deficiencias de operación ese año.
El órgano fiscalizador exigió investigar el gasto de 3 mil 753 millones 385 mil 200 pesos en ese año para adquirir e instalar equipamiento no permanente, infraestructura tecnológica y cajeros automáticos para 2 mil 700 sucursales, debido a que no registró esta cantidad y sí le fue entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
También identificó que no se registraron en la cuenta pública los pagos por 261 millones 799 mil 100 pesos por los servicios proporcionados por la empresa Sixsigma Networks México en diciembre de ese mismo año, por el contrato número DJN-SCOF-1C.10-06-2021-012; y tampoco se entregó evidencia que permitiera verificar la procedencia de los recursos utilizados ni su fecha de aplicación.
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Además, durante 2021 el banco no solicitó la ejecución del simulacro al Plan de Recuperación de Desastres, periodo en que la empresa le brindó servicio para asegurar la continuidad de las operaciones en caso de desastres, manteniendo los sistemas prioritarios para el Banco del Bienestar en un centro de datos alterno (CDA). “Por lo que no es posible asegurar el correcto funcionamiento de dicho plan en caso de una contingencia”, señaló la ASF.
Por lo anterior, emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente “por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron realizar el registro de los pagos erogados” y no solicitaron la ejecución de los simulacros del Plan de Recuperación de Desastres.
En otra auditoría del mismo año, la ASF señaló que el Banco del Bienestar debe aclarar el destino de 7 millones 610 mil pesos del presupuesto de 2021, que se invirtieron para construir y adquirir mobiliario y equipo de administración para 115 de sus sucursales.
Reportes de 2020
Además de los recursos pendientes por aclarar de 2021, en la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el Banco del Bienestar no comprobó el destino de 182 millones 795 mil pesos por la construcción y adquisición de mobiliario y equipo para 103 sucursales (118 millones 295 mil pesos) y por el cumplimiento de tecnologías de información y comunicaciones (64 millones 499 mil pesos).
Asimismo, la Auditoría determinó que por la deficiente planeación de los trabajos para construir dichas sucursales, incrementó el presupuesto original de cada una, que pasó de 2 millones 221 mil pesos a 4 millones 233 mil.
Además, el Banco del Bienestar no realizó los trámites para obtener los permisos, licencias y derechos de los inmuebles sobre los cuales se realizarían las obras, por lo que “no se tiene la certeza jurídica de la posesión ni la puesta a disposición de la Sedena de los inmuebles en los que se realizarían las obras”, señaló la ASF.
Tampoco acreditaron la realización de las bitácoras de obra entre el banco y la Sedena, ni de la recalendarización de los trabajos y fechas de entrega. Por ello, la ASF emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para investigar y sancionar a los servidores públicos responsables.
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Cuatro años de existencia, tres directores y miles de reclamos
En sus cuatro años de vida, además de diversos problemas, el Banco del Bienestar ha tenido a tres directores: Rabindranath Salazar Solorio, desde su creación en julio de 2019; Diana Álvarez Maury, designada en junio de 2020, y Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, quien tomó posesión en diciembre de 2021.
El pasado 28 de julio, EL UNIVERSAL dio a conocer que los programas Tandas para el Bienestar y Créditos a la Palabra, del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron pérdidas en 2022 por 128 millones de pesos, debido a que el Banco del Bienestar no pudo cobrar los créditos otorgados a 75 mil 425 beneficiarios.
Por otra parte, desde 2019 al primer trimestre de 2023, los usuarios del banco que reciben en él los recursos de programas sociales del gobierno federal reclamaron 170.3 millones de pesos por la entrega de dinero incompleto al retirar de cajeros automáticos (32.3 millones de pesos) y retiros no reconocidos por 33.7 millones de pesos.