Más Información
La madrugada del 20 de febrero de 2019, tres hombres parquearon su vehículo frente al hogar familiar de Samir Flores en Amilcingo, Morelos. Le llamaron a gritos, desde la entrada de terracería, fuera de la luz de la puerta principal. Dijeron querer un anuncio en la radio comunitaria que había fundado. Samir salió, lo agarraron y arrastraron hacia lo oscuro. Sonaron tres disparos. Dos impactaron en su cabeza. Un año después de su ejecución, no hay un solo detenido.
El asesinato de Samir es paradigma de los al menos 32 homicidios de activistas en México a lo largo de 2019. De acuerdo a un análisis de las noticias publicadas realizado por EL UNIVERSAL, en 27 fueron a balazos y solo en 12 de las muertes, un 30% del total, hay detenidos. Y eso que Samir Flores se convirtió en un símbolo tras su muerte y cuenta con el acompañamiento del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
“Durante los primeros seis meses después de su asesinato, tuvimos reuniones cada 15 días con las autoridades para impulsar el caso, ayudándoles a cerrar líneas de investigación”, explica David Peña, abogado que acompaña a la familia, “luego dejaron durante cuatro meses de recibir llamadas y contestarnos los mensajes; hasta hace 30 días nos reunimos otra vez”. Peña razona que el aniversario de un año de la muerte de Samir está detrás de este renovado interés.
De las siete líneas originales de investigación que manejaban las autoridades, actualmente solo quedan tres activas, las que tienen que ver con un ámbito local. La primera está relacionada con el Proyecto Integral Morelos, la segunda un conflicto local como el que había en el pueblo por mover la escuela de lugar y una tercera es la relacionada con las otras resistencias de las que Samir era parte activa.
En el análisis de las causas que defendían los activistas, se puede observar que 12 se dedicaban al tema de Derechos Humanos y Medio Ambiente, 11 a los Derechos Humanos y Territorio, cinco exclusivamente a los Derechos Humanos, una al urbanismo y tres a los derechos LGBT. En estos tres últimos casos se sospecha que pueden ser crímenes de odio y en otros tres casos las autoridades parecen creen que podrían ser asaltos.
Peña compara el caso de Samir con otro que acompañan: la desaparición del defensor Sergio Rivera, en la sierra de Puebla en 2018. Este hombre se oponía a una presa hidroeléctrica. Hay tres personas detenidas, que son de la misma comunidad, pero del grupo a favor de la obra.
“Lo que hacen las empresas es ir y dividir a las comunidades con inversiones, y eso genera grupos dentro que acaban llevando las cosas a nivel personal”, y reflexiona, “todo tiene que ver con intereses globales pero que se acaban circunscribiendo a lo local”.
Sinar Corzo
Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz
Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz eran madre e hijo. En mayo de 2019 tres pistoleros del grupo criminal Los Chorohuis entraron en su domicilio y les dispararon en la población El Chapote, de Baborigame, Chihuahua. Ella tenía 60 años, él 20, y ambos eran defensores del medio ambiente y los bosques de la Sierra Madre Occidental.
Los dos eran familiares del activista Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y, como ellos, un defensor del bosque de Coloradas de la Virgen asesinado. Su muerte a finales de 2018 fue presuntamente obra de talamontes. Carrillo encabezaba un juicio para pedir la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal concedidos por la Semarnat.
De 2013 a la fiesta, en Baborigame han sido asesinados otros 9 defensores del bosque frente a los grupos criminales que se dedicaban a la tala clandestina, entre ellos, Isidro Baldenegro, que en 2005 había sido galardonado con el Premio Goldman Medioambiental por su lucha en defensa de los bosques antiguos de la tala devastadora.
Zenaida Pulido
El 19 de julio, Zenaida Pulido Lombera fue asesinada cuando volvía de denunciar que había amenazas en su contra. La activista y familiar de una persona desaparecida fue atacada por pistoleros en la carretera Huahua-Pichilinguillo, en la costera de Michoacán. Zenaida había sido una de las coordinadores de la quinta caravana “Buscando Encontraremos”, realizada en abril y mayo de 2019, y que encontró una fosa con 43 restos óseos.
Dos meses y medio después del asesinato, su familia denunció haber sufrido nuevos ataques. Una vivienda y dos bodegas en la comunidad de Huahua, en Aquila, fueron saqueadas. También les robaron 140 cabezas de ganado. Esto ocurrió después de que la Fiscalía detuviera a dos personas vinculadas con el asesinato.
“El caso de Zenaida se une ahora a la lista en la que figuran decenas de víctimas que por buscar a sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la seguridad de todas las personas sino que además olvida la vulnerabilidad a la que las víctimas están expuestas”, escribían entonces desde el colectivo al que pertenecía, Familiares Caminando Por Justicia.
José Luis Álvarez
El 10 de junio, en la carretera del ejido Calatrava en el municipio de Palenque, Chiapas, el ambientalista José Luis Álvarez Flores fue asesinado. Junto a su cadáver se encontraron mensajes amenazantes en cartulinas hacia su familia.
Flores estaba a cargo de la Unidad de Manejo Ambiental Saraguato, de 345 hectáreas, en Tabasco. En ella habitan un centenar de monos aulladores. En sus últimas semanas de vida se dedicó a denunciar la extracción ilegal de arena del río Usamacinta, que divide México y Guatemala.
Miguel Pérez, presidente de las Unidades de Manejo Ambiental en Tabasco, dijo entonces que “ya había sido amenazado”, “pidió protección a las autoridades y no se le dio”. De momento, según se ha reportado en prensa, no hay detenidos por el crimen.
Isaías Cantú Carrasco
El 11 de octubre, cerca de la comisaría de la región del municipio de Malinaltepec, Guerrero, fue asesinado a tiros Isaías Cantú Carrasco, presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero del municipio e integrante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
Según dijo entonces la Red Mexicana de Afectados por la Minería, desde hacía siete años había emprendido “una fuerte oposición organizada en contra de la explotación minera y en contra de la imposición de una reserva de la biosfera en la región”. Un diario local publicó que dos personas fueran detenidas a los pocos días. Eran dos vecinos del mismo pueblo.
Josué Bernardo Marcial Campos, Tio Bad
El 16 de diciembre, Josué Bernardo Marcial Campos, Tio Bad, fue asesinado y se convirtió en el último activista muerto del año 2019. El joven de 24 años fue hallado dentro de la cajuela de un coche en el municipio de San Juan Evangelista, en el istmo de Veracruz. Se le consideraba un activista y promotor de la cultura mixe popoluca.
Tío Bad era sonero y jarenero. De acuerdo a biografías que publicaron entonces amigos suyos como la rapera Mare Advertencia Lirika, “luchó por rescatar la lengua popoluca, la de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, mezclaba el son, los versos, las rimas para informar y concientizar sobre megaproyectos de muerte como el fracking que amenazaba sus territorios y a su gente, el narcoestado en el que como muchos más vivimos”.
Además fue delegado de su pueblo ante el Congreso Nacional Indígena y se encontraba vinculado a distintos procesos organizativos en defensa del territorio y en la defensa de la vida.
