A grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Ardillos, además de la capacidad de fuego que han logrado con armamento de grueso calibre, drones y hasta coches bomba que generan terror, también se han encargado de construir una base social que sirve como reclutamiento, redes de informantes y población que se oponga a los operativos de seguridad de las autoridades con bloqueos y manifestaciones, coinciden especialistas en seguridad y sociología.
Las organizaciones criminales también han generado presión ante la opinión pública cuando se da la captura de algún líder. Los expertos resaltan que esta base social de apoyo les permite incluso venderla en los procesos electorales como ocurrió en el caso de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, quien apareció en algunas imágenes junto a un presunto dirigente de Los Ardillos.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, indica que no se trata sólo de generar un poder criminal como tal, se busca asimismo disponer de una base social de respaldo que se acompaña con el anillo de protección política y de protección policial.
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Detalla que las organizaciones criminales por un lado apoyan a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad; por ejemplo, cuando estalló la pandemia, el CJNG repartió despensas y esa es una de las partes en las que se crea la relación entre sociedad y células delictivas.
Refiere que ayudan a los ciudadanos cuando requieren recursos económicos y no pueden acceder al sistema formal, como los bancos.
Saucedo explica que no sólo son sicarios, productores de droga, sembradores de marihuana o químicos que elaboran enervantes sintéticos, también tienen una red que les da sustento social, alianzas políticas y protección policial comprando a las autoridades locales.
Apunta que con la base social hay modalidades; el Cártel de Sinaloa en esa entidad, Durango, Sonora y Nayarit, se caracteriza por financiar obras de infraestructura como drenaje, pavimentación y agua.
Esto le permite contar con una base de reclutamiento de jóvenes que mediante este tipo de obras ven a los narcotraficantes como benefactores de sus comunidades.
“La base social de apoyo es algo muy rentable que les genera dividendos, algo positivo… el CJNG copió este esquema, pero ellos se van más por la entrega de apoyos sociales, medicinas, juguetes, electrodomésticos en fechas claves, como el 6 de enero, el 10 de mayo y el 30 de abril, entre otras celebraciones”, señala el especialista.
La socióloga Surya Palacios precisa que hay una resignación entre la población afectada y amenazada por estos grupos, así como una adaptación porque no se cuenta con opciones y ello es resultado de la indefensión ante la delincuencia común y el crimen organizado.
“Hay personas que tienen las opciones para poder trasladarse a otros lugares o incluso salir del país, pero entre los que no pueden hay un proceso de resiliencia y de adaptación a un entorno que si bien es hostil, al final de cuentas termina normalizando por el hecho de permanecer en un lugar a pesar de estar siempre amenazados”, enfatiza.
La también especialista en análisis jurídico y de derechos humanos remarca que se ha visto la quema de negocios cuando los propietarios no acceden a pagar derecho de piso y extorsiones; todo esto crea un caldo de cultivo donde las personas, aunque no acepten los ilícitos tienen que adaptarse al entorno.
Fernando Jiménez Sánchez, doctor en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y Sociales, comenta que, en el caso del sector productivo, la delincuencia organizada extorsiona a los negocios y exige el derecho de piso.
Dice que se crea así una modificación en el mercado, así como en la producción; un ejemplo es el caso del aguacate o del limón, para los que exigen una cuota por cada kilo o tonelada que se produce y un porcentaje de ese valor a los dueños de las empresas. Subraya que las células delictivas también financian a los actores políticos para que lleguen a los puestos de elección popular, designan a los candidatos o los amedrentan y no permiten una contienda democrática.
Armando Rodríguez, consultor independiente, señala que el crimen organizado utiliza tácticas terroristas para establecer control sobre el territorio y disuasión contra las fuerzas de seguridad.
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