El gobierno de Baja California dejó caducar, en las propias instalaciones del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud), cerca de un millón 622 mil 826 fármacos e insumos médicos que se compraron entre 2017 y 2021, lo que representó una pérdida de 93.7 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de almacén del mismo instituto obtenidos vía transparencia.
Daño por el que no sólo no se ha logrado determinar responsables ni sanciones hasta ahora, sino que sigue sin estar bajo ningún control; el reporte a junio de 2022 muestra un panorama más grave: una pérdida de 131.6 millones de pesos en fármacos caducados sólo en este año.
Enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, irregularidades por la adjudicación directa de contratos e, incluso, falsificación de documentos y firmas por parte de los proveedores para poder prestar el servicio, son algunas de las anomalías que podrían configurarse en el suministro y recepción de medicamentos caducados, aseguró Rosina del Villar Casas, secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP).
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Esta problemática se detectó durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez: “Los médicos responsables de los almacenes nos presentan quejas y nos dicen que no van a firmar ninguna verificación de medicamento que está a punto de vencerse, sobre todo cuando existen en almacén cantidades muy grandes de los mismos y que ya están caducados”, reveló a principios de 2021 Vicenta Espinosa, quien fue titular de la SHFP en la administración de Bonilla Valdez.
Espinosa aseguró investigar el hecho, pero concluyó su función sin la integración de un expediente ni la presentación de denuncias ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC) y la Fiscalía General del Estado (FGEBC).
De los 93.7 millones de pesos detectados como pérdida económica en medicamentos caducados, 25.3 corresponden a material clasificado como extraviado, no se encontró físicamente y, en mucho de los casos, no se tiene registro de su salida: “Si entra y no sale, entonces ¿dónde está?”, cuestionó Rosina del Villar.
Los funcionarios a cargo de Isesalud no sólo dejaron caducar medicamentos y material médico, también fueron en contra del reglamento: “Se quemaron 5 millones de pesos en medicamentos caducados, procedimiento que se decidió en junta de gobierno de administraciones pasadas”, expuso la funcionaria.
Del medicamento que sí fue localizado, 65% se ocupa en el tratamiento contra el cáncer, diabetes, epilepsia, hipertensión, trastorno bipolar e infecciones de diversos tipos, de acuerdo con la información de Isesalud.
Posibles implicados en quebranto
En este caso existió complicidad para hacer negocios entre el comprador y el proveedor, además de una omisión en la recepción y no distribución del medicamento y material médico, aseguró Vicente Sánchez Munguía, profesor e investigador de El Colegio de la Frontera Norte: “Hay responsabilidad tanto de las autoridades como de las empresas, ya que si el contrato se viola, hay responsabilidad del proveedor”, anotó.
Aunque la mayor cantidad de este material fue adquirido por Francisco Vega de Lamadrid, de los 58.2 millones de medicamentos caducados que sí fueron localizados, nueve de cada 10 llegaron a su fecha de vencimiento a finales de 2019 y durante la pandemia por coronavirus, justo en el periodo de gobierno de Jaime Bonilla, de acuerdo con los registros de los almacenes del sistema de salud pública de Baja California.
Entre los responsables de autorizar y suscribir los contratos con los proveedores de claves médicas que han saturado los almacenes con fármacos caducos están Alonso Pérez Rico, secretario de Salud y director general de Isesalud en el gobierno de Bonilla; Carlos Gómez Valdez, apoderado legal y subdirector general de Administración de la dependencia; Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Mikel Roberto Alcántara Hernández, director de Administración de Isesalud.
Para este reportaje, se buscó, vía telefónica, a Alonso Pérez Rico y a Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y subdirector general de Isesalud, respectivamente; el primero no respondió y Gómez Valdez prometió llamar al día siguiente, pero ya no volvió a atender el teléfono.
Durante el gobierno de Bonilla Valdez, estos funcionarios autorizaron y firmaron nuevos acuerdos, incluso con los mismos proveedores relacionados con la entrega de medicamento y material de salud que incumplía el periodo de vida útil establecido en los contratos y se les recibieron insumos con caducidad inferior a la establecida por ley, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
De los 213 contratos relacionados con medicamentos caducados localizados, 40 se suscribieron durante el periodo de Jaime Bonilla Valdez y sólo en tres se comprobó que los proveedores cumplieron con el periodo de caducidad establecida.
Rosina del Villar, secretaria de Honestidad y Función Pública, dijo que ya se inició la integración de una carpeta de investigación sobre el medicamento caduco, la cual espera turnar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC) y a la Fiscalía General del Estado (PGEBC).
Además, no descarta a ningún funcionario ni empleado de los depósitos, porque “se observó urgencia de los encargados por deshacerse del medicamento por considerarlo un peligro para la sociedad”, enfatizó del Villar.
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“Quiero Vivir”
Elizabeth Bautista fue diagnosticada con cáncer de mama en diciembre de 2019; desde entonces, su batalla no sólo es contra la enfermedad, sino también contra el supuesto desabasto de medicamentos oncológicos en los hospitales públicos de Baja California. El letrozol, medicamento con un costo de mil 200 pesos en el mercado, y uno de los que le han negado, está en la lista de medicinas que caducaron en los almacenes de Isesalud.
“Ésta es una lucha continúa, es muy desesperante para los pacientes, la familia y también para los doctores ver que, por no darnos el tratamiento en tiempo y forma, el cáncer avanza”, narró la mujer de 45 años.
Elizabeth tiene cáncer con metástasis en corazón, pulmón y hueso y para controlar su expansión requiere de abemaciclib y letrozol, pero su tratamiento se ha visto interrumpido frecuentemente por la falta de medicamentos en el Hospital General de Tijuana (HGT).
El letrozol es un medicamento que ayuda a retardar o detener el crecimiento de algunos tipos de células del cáncer; el cuerpo de Elizabeth requiere de una caja al mes, pero durante seis meses de 2020 no encontró el producto en la farmacia del HGT.
Mientras Elizabeth y su familia buscaban opciones en todos lados para obtener sus medicinas, en los almacenes de Isesalud se encontraron 30 cajas de letrozol, según los reportes del instituto. Todas terminaron en la basura.
“Necesitamos que nos surtan el medicamento en tiempo y forma y que estén al pendiente de que realmente nos están dando lo que requerimos, lo que se necesita, porque yo quiero vivir”, fue el llamado de Elizabeth a las autoridades de Salud.
“Sin tiempo para sancionar”
La administración de Jaime Bonilla reconoció haber heredado una gran cantidad de medicamentos caducados y/o a punto de caducar, aseguró Adrián Medina Amarillas, actual secretario de Salud. Al cuestionarles el por qué, la respuesta fue “porque fueron nada más dos años, no alcanzamos a hacer todo el proceso”.
Otro argumento expuesto por el gabinete de Bonilla Valdez, agregó el titular de Isesalud, fue que recibieron del Insabi cantidades importantes de ciertos medicamentos no solicitados. La prueba de estos excedentes es que, mientras que en 2021 se tenía una pérdida de 55.1 millones de pesos en medicamentos caducos en los tres almacenes centrales de Isesalud, esta cifra subió a 131.6 millones de pesos hasta junio de 2022, principalmente en Mexicali.
La mayor cantidad de medicamento y material médico caducado se dejó expirar en los propios almacenes de Isesalud y en los depósitos de los hospitales del instituto, principalmente en losde Tijuana, Mexicali y Ensenada, de acuerdo con los reportes de los almacenes del instituto obtenidos vía transparencia.
En el depósito de Zona Tijuana, el costo total de las claves caducas ascendió a 40 millones de pesos, casi la mitad del quebranto por fármacos y material médico localizado entre 2019 y 2021 y que ya estaba vencido.
En el almacén de Zona de Mexicali se localizaron físicamente 49 tarimas de fármacos e insumos caducados, el costo total de esta pérdida sumó los 39.3 millones de pesos; en la zona de Ensenada, autoridades del almacén de Isesalud reportaron 30 tarimas de medicamentos y materiales de curación caducadas, cantidad que representó un menoscabo de 11.1 millones de pesos.
Los proveedores que no cumplieron
Arsa-Lab, S.A. de C.V., distribuidora de medicamento propiedad de Ramón Lugo Castro y representada por Elvira Castro Díaz, entregó en 2020 a Isesalud dosis de vincristina, fármaco utilizado contra el cáncer, con una caducidad de sólo siete meses, que expiró en los almacenes de la ciudad de Tijuana. Ese mismo año, también entregaron levetiracetam, medicina para tratar la epilepsia, que caducó en el almacén de Isesalud de Ensenada.
Mientras el material entregado con baja caducidad por Arsa-Lab caducaba sin ser distribuido, las autoridades de Isesalud continuaron asignándole contratos a la empresa durante 2021.
Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales, S. de R. L., es una de las empresas que entregó mayor cantidad de material médico de caducidad inferior a la necesaria. La empresa, representada por Manuel Alejandro López Siller, obtuvo el 18 de marzo de 2020 un contrato por 17.2 millones de pesos para proveer a Isesalud desde medicinas hasta químicos básicos, según el contrato número Isesalud-ADQ-Medicamentos-174/2020.
De acuerdo con los reportes de los almacenes de Isesalud, esta firma entregó más de mil 400 productos con caducidad inferior a los 18 meses comprometidos en el contrato, y a pesar de esto, el material médico, que incluía fármacos, fue recibido por las autoridades de Isesalud sin establecer sanción alguna.
Hasta el momento, un total de 31 firmas han sido identificadas como proveedoras de los productos que caducaron en almacenes, de éstas, 18 incumplieron con el periodo de caducidad determinado en los contratos, en donde se establecía la entrega del material apegada estrictamente a las cláusulas acordadas, caso contrario, los responsables de recibirlo tienen la facultad de devolverlo, algo que nunca se hizo.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, proyecto de ICFJ en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
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