Durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, no sólo desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, sino que también fue torturado y asesinado el estudiante Julio César Mondragón Fontes.
A 10 años de los hechos, la investigación se encuentra estancada. El último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) ni siquiera menciona el caso del normalista y ha dejado en una incógnita la pista que podría apuntar el Ejército en el caso.
Ante este panorama, la familia ha llevado el asunto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; quizá la última instancia que pueda ayudar a esclarecer la verdad tras las omisiones y trabas de autoridades en México.
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El caso que inició el terror sobre Ayotzinapa
El normalista tenía 22 años y poco tiempo de convertirse en padre de una niña cuando se dirigía a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, acompañado de sus compañeros estudiantes de primer año. El autobús en el que viajaba fue interceptado y atacado a disparos por policías y presuntos delincuentes.
Aunque sobrevivió a la primera agresión, durante un segundo ataque el estudiante fue alcanzado mientras huía. A Julio César lo secuestraron y golpearon causándole fracturas en 40 huesos, además le mutilaron un ojo y arrancaron la piel del rostro.
La mañana del 27 de septiembre de 2014, se viralizó en redes sociales la fotografía del cuerpo abandonado en un camino de terracería a las orillas de Iguala. La imagen fue de las primeras que permitió dimensionar la magnitud de la tragedia de la noche anterior y captó la atención mediática sobre los hechos.
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Sin embargo, actualmente el caso se encuentra estancado. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) en sus primeros dos informes documentó tres versiones sobre el asesinato del normalista que señalan a más de 30 posibles culpables, pero ninguna se ha logrado corroborar con exactitud.
La familia de Julio Cesar mantiene un distanciamiento desde hace años con las autoridades en México ante la decepción sobre cómo se han llevado las indagatorias.
La lucha por reconocer la tortura en el crimen
Tras el asesinato del estudiante, la investigación se inició en el fuero local de Guerrero. La autopsia de las autoridades estatales determinó que la fauna del lugar devoró los ojos y el rostro del normalista, además de que no reconoció ningún elemento de tortura, por lo que el caso se clasificó como un homicidio.
“Yo fui y dije que se veía claramente que lo torturaron (...) ¿cómo iba a ser eso un homicidio calificado?”, cuenta en entrevista para EL UNIVERSAL, Cuitláhuac Mondragón, tío del normalista. En 2016, la familia del estudiante logró, con sus propios recursos, demostrar que Julio César fue víctima de tortura, según los resultados de un segundo dictamen pericial elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la PGR,
“Los que buscábamos era una rectificación para que en el expediente cambiara y reconociera que hubo una ejecución extrajudicial y muerte por tortura”, explica Cuitláhuac. Sin embargo, el caso no se reclasificó y el tío del normalista asegura que actualmente sigue tipificado sólo como homicidio.
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Cuando el caso fue atraído por el fuero federal en 2018, el expediente se trasladó a un juzgado en Matamoros, Tamaulipas. La mayoría de los Mondragón viven en el Estado de México, por lo que no pueden costear los gastos de viaje para acceder al expediente. Se trata de un obstáculo que les ha impedido darle seguimiento a las investigaciones.
Una pista perdida que apunta al Ejército
Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo, ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida entonces por Alejandro Encinas. Félix Santana Ángeles tomó el cargo de Secretario Técnico.
Santana ya estaba al tanto del caso de Julio César, pues en 2016, junto con los periodistas Miguel Ángel Alvarado y Francisco Cruz, publicó el libro “La guerra que nos ocultan”, en donde se reveló que el teléfono del normalista había seguido activo tras su asesinato.
Los registros de las comunicaciones fueron obtenidas a partir de la “sabana de llamadas” que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) requirió a una compañía telefónica para localizar el aparato de Julio César.
Entre octubre de 2014 y abril de 2015, el celular, que fue robado tras el crimen, intercambió mensajes con personas que se encontraban en el Campo Militar Número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
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Una investigación del medio Corriente Alterna, de la UNAM, reportó que estas comunicaciones fueron omitidas en el primer informe del caso Ayotzinapa que presentó la Covaj en agosto de 2022. La ausencia de esta línea de investigación en el informe causó el descontento de los Mondragón, quienes señalaron que se trataba de un intento por encubrir la participación del Estado, especialmente del Ejército, en el asesinato del estudiante.
Cuitláhuac relata que perdieron la confianza en el trabajo de la Covaj sobre el caso de Julio César: ”Nos daban vueltas y vueltas al asunto. Íbamos a su oficina (de Félix Santana) y sí nos daba cierta información, pero nada por escrito”.
Santana fue entrevistado por Corriente Alterna en 2022 y justificó la ausencia de estas comunicaciones en el primer informe de la Covaj. “Es un informe preliminar, no es un informe total. El informe final va a tener todos estos elementos que están en revisión todavía”, aseguró.
El segundo informe de la Covaj, publicado en septiembre de 2023, sí aborda las comunicaciones con el Campo Militar 1 y el Cisen en un párrafo, pero no ahonda más en el asunto. En cambio, el tercer informe, publicado el pasado 25 de septiembre, ni siquiera menciona el caso de Julio César Mondragón a lo largo de sus 112 páginas y 5 anexos.
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Actualmente, Félix Santana ya no forma parte de la Covaj y ocupa el puesto de Tercer Secretario en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, según el directorio de misiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En entrevista, Cuitláhuac Mondragón asegura que nunca se volvió a seguir la línea de investigación y que ninguna autoridad se ha puesto en contacto con la familia para hablarles al respecto.
CIDH interviene en el caso de Julio César
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades mexicanas para esclarecer el asesinato de Julio César, la familia Mondragón decidió llevar el caso a instancias internacionales. Con el acompañamiento de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, el 16 de diciembre de 2022, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraer el caso del normalista de Ayotzinapa.
“Consideramos que, al momento de hacer la solicitud, ya había una importante dilación de justicia en el caso. En México no vimos posibilidad de que se acceda a la justicia ni de conocer la verdad de lo que ocurrió con Julio César”, explica en entrevista Ernesto Rodríguez Cabrera, encargado del área jurídica de la Red Solidaria.
La CIDH admitió el caso para su análisis y señaló que había fundamento en las acusaciones de tortura y ejecución extrajudicial. En diciembre de 2023, la Comisión requirió al Estado mexicano información sobre el expediente de Julio César para realizar un informe de fondo. La CIDH estableció un plazo de tres meses, más uno de prórroga, sin la posibilidad de extender el periodo.
México ignoró el requerimiento. Ante este hecho, la CIDH puede realizar su informe con base en lo entregado por la parte peticionaria y analizar las violaciones a derechos humanos que se acusan. “Si la Comisión ya entrega el informe de fondo, tenemos la posibilidad de que el caso sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer un litigio”, puntualiza en entrevista María López Paulino, secretaria general de la Red Solidaria.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos posee la facultad para vincular una sentencia al Estado mexicano y dictar medidas cautelares. “Se tendría que ordenar una investigación exhaustiva para saber la verdad del caso de Julio César, incluso se podría solicitar una disculpa y reparación del daño a los familiares, así como el reconocimiento de la culpabilidad del Estado”, explica Ernesto Rodríguez.
Cuitláhuac Mondragón confiesa que ve difícil llegar a saber qué paso exactamente la noche que asesinaron a Julio César. Sin embargo, se mantiene firme en continuar el proceso ante la CIDH, pues señala que está en juego algo que es importante, no sólo para la familia del estudiante, sino para toda la sociedad. “Me refiero a la no repetición, que el Estado reconozca su responsabilidad y se comprometa a que no suceda de nuevo. Sería histórico”, puntualiza.
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Honran la memoria de Julio César Mondragón
El tío del normalista cuenta que tras su asesinato, el nombre de Julio César Mondragón ha sido criminalizado en varias ocasiones. “Llegaron a decir que era policía y hasta infiltrado del narco”. No obstante, sus familiares le recuerdan como un joven estudioso que tenía la meta de convertirse en maestro; crítico y firme en sus convicciones.
A pesar de estos diez años de lucha y dificultades, la familia Mondragón no ha dejado en el olvido la memoria del estudiante. Cada 28 de febrero, en la casa de la madre del normalista, en San Miguel Tecomatlán, Estado de México, se realiza una misa y un homenaje a Julio César. Les acompañan estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes traen a la banda de guerra y organizan un pequeño desfile.
Al cuestionarle si mantiene alguna expectativa respecto a la administración entrante de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sobre el caso de Julio César, Cuitláhuac Mondragón responde: “Siempre hay que mantener la esperanza (...) pero si la Presidenta quiere hacer una verdadera diferencia, tendría que dejar de hacer más de lo mismo que ha realizado López Obrador y aclarar el caso Ayotzinapa. Esa sería una verdadera transformación”.
