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Ante la liberación de 24 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos e iniciará diligencias para que el exprocurador Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, enfrenten procesos legales por incumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, advirtió que la Fiscalía General de la República presentará recursos para responsabilizar a los exfuncionarios que no cumplieron con sus obligaciones durante el desarrollo de la investigación, lo que incluye a José Aarón Pérez Carro, extitular de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa.
“De acuerdo con lo declarado [el sábado] por la FGR, ésta presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el caso en esos momentos de la mal llamada ‘verdad histórica’”.
Encinas Rodríguez agregó que la FGR se comprometió a generar las acciones al margen de la sentencia del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidad a los liberados, y en estos casos la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa va a coadyuvar y a dar todos los elementos que estén a su alcance.
En conferencia de prensa, señaló que las resoluciones del juez Samuel Ventura Ramos, que permitió la liberación de 24 inculpados, demuestra la podredumbre en la que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país, “que huele a podrido”.
“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla, porque estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, demuestran la podredumbre del sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”, expresó.
El funcionario precisó que estas 24 liberaciones se suman a las 53 anteriormente otorgadas por el juez Ventura Ramos, lo que equivale a 77 personas exoneradas, por lo que sólo quedan recluidas 65 de las 142 personas que están detenidas por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El subsecretario lamentó que el juez considera desde su perspectiva como “insuficientes” las pruebas que acreditaban los actos perpetrados por los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Bélicos y por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes la noche del pasado sábado de 14 de septiembre obtuvieron su libertad.
Por lo anterior, recalcó que la Fiscalía General de la República presentará acciones al margen de las sentencias del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidades a los liberados. Además, la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa aportará los elementos necesarios que estén a su alcance para contribuir a la investigación.
“Queremos señalarle al Poder Judicial de la Federación que estas resoluciones son una afrenta a los trabajos que desarrolla el gobierno federal a través de la Comisión [de la Verdad y la Justicia], ya que no observó la jurisprudencia presentada el 21 de julio de 2019, y que determina que la declaración emitida por tortura obliga a reponer el procedimiento y la investigación”, asentó.
Dijo que el juez interpreta con mucha laxitud la ley, pero “no imparte justicia” y sí causa graves daños a la búsqueda de la verdad, lo que representa de nueva cuenta el regreso de las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, al dejar en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos.
Por lo que calificó la liberación de los 24 imputados como parte de las viejas prácticas que se dan en “sabadazo y en día de puente”, además de que la resolución no cuenta con la firma del juez, sino de la secretaria de acuerdos, Adriana Ruvalcaba Velásquez.
“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”, mencionó.
