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Emiliano Navarrete aún espera la llegada de su hijo, José Ángel Navarrete, para regalarle el uniforme del Cruz Azul que tanto pidió desde pequeño. El joven es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014 y su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.
Nacido en el seno de una familia humilde, el aficionado de la máquina cementera acostumbraba ver a sus ídolos desde la televisión y practicaba el fútbol a diario con personas más grandes que él.
Fue un día Reyes Magos cuando José Ángel, con ocho años de edad, pidió el uniforme del equipo de la Noria, pero la pobreza en la que vivía le impidió tenerlo. “Nunca se lo pude dar, en ese tiempo guardé la carta y dije que algún día se lo iba a comprar”, se lamenta Emiliano.
Para él estos cinco años no han sido sencillos. Durante todo este tiempo ha tratado de explicarse “cómo hay personas con tanta maldad, con tanta saña, personas adultas que agreden a jóvenes con tanta salvajada”.
Sin embargo, ni siquiera el gobierno le ha podido otorgar una respuesta a sus cuestionamientos. Cuando a Emiliano se le pregunta cómo evaluaría la atención de la anterior administración, su respuesta es breve y contundente: “El gobierno de Peña Nieto nos traumó”.
Recuerda que aunque visitó varios ministerios públicos y se reunió con autoridades federales la indiferencia hacia su caso persistió. Poco le importó a los encargados de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) escuchar la historia de José Ángel, un muchacho de 18 años que trabajaba como albañil y entró a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para tener una mejor forma de vida.
“Trabajar con el gobierno anterior fue la peor pesadilla de lidiar con personas con poca voluntad, con carencia de razón de ser humano, de persona, no hay cómo calificar este tipo de individuos”, expresa Emiliano, quien exige que Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sean investigados y enjuiciados por el caso.
Asegura que el trato que recibió en el último lustro, así como la criminalización hacia su hijo, le generó un sentimiento de desconfianza que hace difícil de creer las promesas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que se sabrá la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero:
“Ahora ver el trato hacia nosotros (por parte del actual gobierno) te sorprende y te afecta mentalmente. Te sientes diferente porque ves que se portan tan buenos, tan amables, tan comprensibles para llegar a la verdad y entonces existe la desconfianza sobre por qué te tratan así, tan amable, como si fueses a caer en una trampa”.
El señor Emiliano es uno de los padres de los normalistas que ha tomado la batuta en las conversaciones con López Obrador y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Con carácter fuerte también transmite a la prensa los avances en la investigación, pero cuando piensa en la última vez que habló con su hijo se le quiebra la voz:
"Ese día, 26 de septiembre, me bajé como a las 10 de la noche a la sala. Hablamos con mi hijo por teléfono y nos dijo que estaban siendo agredidos, agarré el celular y le dije ¿qué pasó Pepe? Se escuchaba un caos, me dijo que ya habían tirado algo que olía muy feo, no entendía yo dónde estaba, sólo me decía que en Iguala. Fueron unos 15 segundos los que hablé con él y se cortó la llamada”.
Luego de varios intentos para restablecer la comunicación con José Ángel, Emiliano se dirigió a la Normal de Ayotzinapa para hacerse de más información sobre lo que ocurría, y posteriormente recorrió ministerios público y hospitales de Iguala, aunque nadie le proporcionó información.
"Decidimos salir a las calles para preguntar, fuimos al Hospital General de Iguala, pero la gente era muy prepotente para dar información. Era como si todas las instituciones hubieran recibido la orden de que ni atendieras ni dieran datos absolutamente a nadie", asegura.
Debido a estas circunstancias, y luego de diez días de no haber obtenido respuestas, los familiares de los normalistas se trasladaron a la Ciudad de México para que la Federación atrajera la indagatoria.
A partir de ese momento se desataron decenas de manifestaciones en México y en el mundo para exigir justicia en la desaparición de los estudiantes, un movimiento que en los últimos años entró en calma, pero que sigue vivo.
"Debemos tener una actitud positiva de seguir adelante, de seguir empujando a este nuevo gobierno para que podamos llegar a la verdad. La postura de este nuevo gobierno es más positiva a la del anterior y eso te llena un poco la adrenalina de querer agilizar la investigación".
