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En el marco de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo público el tercer informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
La Secretaría de Gobernación (Segob) compartió el informe: “Con esto refrendamos el compromiso del Gobierno de México para localizar a los jóvenes desaparecidos y alcanzar la verdad y la justicia”.
“Este informe tiene como objetivo comunicar a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como al pueblo de México, los avances para encontrarlos. Además, se detallan las acciones encaminadas para llegar a la verdad, castigar a los responsables y, con ello, lograr justicia”, se indica.
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Este informe consta de una introducción, ocho capítulos, cinco anexos y conclusión.
Se da cuenta de dos temas importantes para esclarecer la verdad de los hechos.
El primero tiene que ver con el análisis de la sentencia del Tribunal Colegiado en Tamaulipas, cuya resolución tuvo como consecuencia la liberación de 65 probables responsables. “Esto derivó en una triple impunidad: 1) no esclareció los hechos, 2) no ayudó a encontrar a los desaparecidos y, 3) no sancionó a los responsables. Es importante que las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos así como el pueblo de México, conozcan el impacto de esta resolución”.
En el segundo tema se informa sobre la solicitud de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos para la entrega de los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (folios CRFI) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El informe presenta el hallazgo de 15 folios CRFI, junto con otros 70 documentos relacionados, encontrados en los archivos de la CoVAJ tras un nuevo análisis de la documentación proporcionada por Sedena desde 2021, que comprende más de 121 mil fojas.
Restos no arrojaron coincidencias con los estudiantes desaparecidos
“Analizamos toda la información sobre restos humanos encontrados en el último año y 1500 indicios que se encontraban sin analizar en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Estos restos no arrojaron coincidencias con los estudiantes desaparecidos, pero muchos de los resultados ayudarán en el proceso de verdad y justicia para otras familias que buscan a personas desaparecidas”, refiere.
Agrega que se tienen más de 135 expedientes en trámite y 151 personas procesadas, de las cuales 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 personas están compurgando medidas cautelares diferentes a la prisión.
“También se intensificó el diálogo con personas que pudieran tener información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos lo que nos permitió obtener información sobre sitios de búsqueda en los que se trabaja actualmente”, apunta.
Menciona que la Fiscalía Especial trabaja en sanear las investigaciones y solicitar nuevas órdenes de aprehensión a pesar de los efectos de la sentencia del amparo en revisión 203/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas que liberó a 65 probables implicados en la desaparición de los estudiantes.
Respecto a los documentos solicitados por las madres y padres, dice que el Gobierno de México ha entregado toda la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la última entrega consistente en 15 folios CRFI y 70 documentos relacionados a éstos y otros folios.
“El Estado mexicano ha demostrado un compromiso incansable para proporcionar verdad y justicia, garantizando que los responsables, sin importar su condición, enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.
“No descartaremos ninguna línea de investigación y seguiremos trabajando para sumar todos los indicios que nos permitan encontrar a los jóvenes, sancionar a los responsables dar con la verdad, hacer justicia y que estos terribles hechos nunca más se repitan”, se indica.
