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A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por la paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada.
El organismo internacional destacó que subsiste una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe, además que persiste el llamado "pacto de silencio" que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.
En este contexto, la CIDH reconoció que la próxima administración anunció su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso.
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“Para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo auténtico y transparente entre todos los actores involucrados, incluyendo a las familias de los desaparecidos y sus representantes legales, y fortalecer la confianza entre las familias y las autoridades colocando a las víctimas como el enfoque central”, expresó la CIDH.
El organismo internacional señaló que seguirá monitoreando el cumplimiento integral de la medida cautelar, reiteró su predisposición a brindar asistencia técnica a las autoridades mexicanas y continuará acompañando a las familias en su digna lucha por la verdad y justicia.
El 3 de octubre de 2014, a pocos días desde su desaparición, la CIDH otorgó la medida cautelar 409/14 —vigente desde entonces—, por medio de la que se solicita al Estado mexicano esclarecer la situación o paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y prestar asistencia a los estudiantes sobrevivientes.
La medida cautelar fue el inicio de un acompañamiento cercano de la Comisión para contribuir en la búsqueda de los estudiantes, esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables.
En estos 10 años, a partir de las atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en virtud de acuerdos con el Gobierno Federal y las familias, la CIDH instaló el GIEI, y luego el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) para dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar y a las recomendaciones emitidas por el GIEI y la Comisión.
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