Las y los integrantes de la aprobaron las reformas a que establecen las reglas de la elección de 896 jueces, magistrados y ministros el 1 junio del 2025.

Las reformas a la Ley de Medios de Impugnación quedaron avaladas por mayoría de 26 votos a favor por parte de congresistas de Morena, PT y PVEM, y 10 votos en contra por parte del PRI, PAN y MC, mientras que la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales se avaló por 30 votos a favor por parte de las bancadas oficialistas y 10 sufragios en contra de las opositoras.

Al inicio del debate, que se prolongó por más de tres horas, el diputado del PRI, Emilio Suárez, pidió que se suspendiera la sesión, pues aseguró que la convocatoria no se publicó en la Gaceta, sostuvo que los plazos tampoco se han cumplido, y que además no había recibido respuesta de la dirección general de asuntos jurídicos para informar sobre la existencia de suspensiones provisionales y definitivas y los efectos que tienen éstas.

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En respuesta, el diputado de Morena, Leonel Godoy, indicó que sí existen suspensiones, pero denunció que se tratan de “suspensiones promovidas por ellos mismos (el ) y que ellos mismos se las conceden”, por lo que advirtió que “no nos vamos a someter a la jurisdicción de la corte porque es una trampa”.

“Evidentemente que esas suspensiones fueron una chicanada jurídica, porque si hubieran actuado con pulcritud, esas solicitudes de amparo hubieran sido negadas por notoriamente improcedentes, porque claramente no puede haber suspensiones a una en curso”.

La diputada del PAN, Paulina Rubio, adelantó que su grupo parlamentario votaría en contra, argumentando violaciones al 105 constitucional: “Es inconstitucional que estemos dictando las reglas del juego ya que empezó el INE a organizar esta elección, y que además estemos dando plazos tan cortos como integrar comités a finales de octubre y que salgan convocatorias a principios de noviembre, no es un juego, está en juego la justicia este país y parece que no lo entendemos”.

El priista, César Alejandro Domínguez, acusó que “se pretende regular un proceso electoral que ya inició y sin seriedad”: “Hay errores graves en esta reforma que podrán llevar a la invalidez de la elección y ponen en entredicho el sistema judicial mexicano. Estas faltas potencialmente van a afectar la eficiencia del Poder Judicial y van a generar desconfianza en las instituciones”.

En tanto, el diputado Juan Ignacio Zavala, de MC, cuestionó el sistema de la insaculación.

“¿Por qué si el método de insaculación es el que ustedes consideran mejor no usan la “tómbola” para elegir al Presidente de Morena, a la presidencia del PT o Partido Verde? ¿Por qué no utilizan ese mismo método para las coordinaciones del Senado de la República, la Cámara de Diputados o los grupos parlamentarios de los estados? ¿Por qué ustedes tienen un método para ustedes y para los demás tienen otro?”.

En defensa de las minutas, el petista, Reginaldo Sandoval, señaló que con el aval de las leyes secundarias “le estamos cumpliendo al pueblo de México”.

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“Porque es un mandato, el pueblo nos dijo que ellos querían elegir a sus juzgadores y eso es lo que estamos haciendo”.

El diputado petista, Ricardo Mejía, sostuvo que “el Poder Judicial ha sido un poder corrupto sometido a intereses económicos, con jueces y magistrados que quieren aferrarse a los cargos, y donde hay un gran nepotismo, no rinden cuentas, sueltan a los delincuentes, y resuelven a favor del poderoso económicamente”.

Las leyes secundarias establecen las normas para la participación de la ciudadanía en la renovación de los Poderes Judiciales, ello mediante la convocatoria y postulación de candidaturas; organización de la elección; propaganda; encuestas y sondeos de opinión; entre otros.

Se establece un nuevo modelo de justicia, a través de la elección libre, directa y secreta por la ciudadanía de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito.

Asimismo, se faculta a la Presidencia del INE a nombrar directamente a los principales funcionarios de las áreas ejecutivas, entre ellas las direcciones, unidades técnicas y coordinaciones, sin necesidad de la aprobación del Consejo General.

Tras su aval en comisiones, se prevé que este lunes se debata en el pleno.

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