Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios México libró la mala calificación internacional en el combate al lavado de dinero. Las autoridades van ahora por poner candados en fideicomisos y en la compra-venta de inmuebles.
Con esto, el país evitó su inclusión en lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que desde 2017 señaló diversas deficiencias en el sistema legal mexicano, las cuales permitían lavar dinero.
Entrar a esta lista negra pudo significar para el país la pérdida en inversiones de hasta 40 mil millones de dólares, según lo calculado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de estar a la par de naciones como Corea del Norte, Irán, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Albania, Bahamas, Barbados, Mauricio, Myanmar, Nicaragua, Paquistán, Panamá, Uganda, Siria, Yemen y Zimbabue.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha emitido 40 recomendaciones para que todos los países incluyan medidas financieras, legales y de conducta para hacer eficaz el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Sobre esas recomendaciones, cada país miembro rinde un informe para que el grupo le otorgue una calificación.
En el año 2017, México tenía como parcialmente cumplidas 15 de las 40 recomendaciones, de las cuales, el país solicitó la revisión de siete de ellas para mejorar la calificación.
Al acreditar modificaciones en los rubros señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el país fue recalificado en seis de esas recomendaciones.
Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera busca obtener una calificación aún más favorable mediante el impulso de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en las que, entre otras cosas, se incorpore la obligación de las empresas y fideicomisos de dar a conocer el beneficiario final de las operaciones de compraventa inmobiliarias.
En su calificación de 2017, el Grupo de Acción Financiera Internacional identificó que México no tenía suficientes requisitos sobre la información de los beneficiarios de las operaciones financieras, tampoco tenía requisitos de los procedimientos a realizar para determinar cuándo ejercer, rechazar o suspender una transferencia bancaria sin suficiente información o para identificar clientes ocasionales que transfieren pesos mexicanos de manera electrónica.
Por ello, las modificaciones reglamentarias para que los bancos, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades cooperativas de ahorro y otras pertenecientes al sistema financiero nacional identifiquen si un cliente, usuario o propietario puede ser considerado persona políticamente expuesta nacional (PPE), fue una de las mejoras recalificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
De acuerdo con la lista emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los PPE son los funcionarios públicos de los tres poderes y en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), integrantes de organismos autónomos y otros e integrantes de partidos políticos.
Asimismo, México agregó a su legislación la exigencia para las instituciones financieras que identifiquen plenamente a los clientes que realizan transferencias, para que las autoridades puedan verificar esa información cuando exista la sospecha de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
También para que recopilen información de identificación sobre las transacciones de sus clientes, que evalúen los riesgos antes de ofrecer nuevos servicios o productos a través de nuevas tecnologías de la información.
Otras de las medidas con las que el país evitó ser parte de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional fue la emisión de guías y alertas de prevención de lavado de dinero a través de las ONG’s.
