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La iniciativa que busca obligar a las empresas a contratar personas con discapacidad avanzó en su socialización y ya tiene el consenso de sociedad civil, organizaciones y empresas, por lo que se prevé que sea aprobada en este periodo.
Se trata de una propuesta de la diputada federal por Morena, Yessenia Leticia Olua González, que en un principio establecía que las empresas estarían obligadas a contratar por los menos el 4% de su personal, sin embargo, tras la realización de foros y parlamentos, se modificó a fin de que el porcentaje sea del 1%.
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"La reforma es muy ambiciosa pero generó el descontento de algunos sectores, e incluso organizaciones como la Fundación Inclúyame AC, recomendó adecuar la ley e instaurar por lo menos el 1% de la plantilla laboral en las empresas. Eso generó consenso y es muy probable que ya se apruebe en este periodo", puntualizó Olua González.
De acuerdo con la legisladora, expertos y organizaciones de la sociedad civil urgieron al Congreso de la Union, para que la aprobación de la reforma que obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad sea prioritaria al inicio del próximo periodo de sesiones.
Con la reducción del 4% al 1%, la reforma quedará homologada con la ley laboral de Chile donde se aplica el mismo porcentaje.
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En su exposición de motivos, la legisladora puntualizó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total del país
De ese total, hay cerca de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, "pero sólo 30% de ellas se encuentra activa en el mercado laboral".
Olua González señaló que si bien el artículo 123 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, "tanto sector público y privado lo evaden para no contratar a personas con capacidades diferentes".
Asimismo, recuerda que en la Ley Federal del Trabajo se estableció la obligación del Estado para garantizar el acceso al empleo de personas con discapacidad; sin embargo, los resultados no han sido los esperados.
Así, todas las grandes empresas con al menos 100 empleados, deberán contratar personal con discapacidad y velar por que sus condiciones laborales sean dignas. Quienes no lo hagan se harán acreedores a una multa que irá de los 25 a los 250 UMAS.
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