Más Información
El presidente Andrés Manuel López Obrador alista la publicación de un acuerdo para gestionar ante el Poder Judicial la liberación de presos en penales federales que hayan sido torturados, que lleven más de dos años sin ser sentenciados -que no sean acusados por delitos graves-, así como de aquellos reos mayores de 70 años, y presos de más de 60 años que padezcan enfermedades crónicas o terminales.
En un anteproyecto enviado este jueves a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) por el Ejecutivo federal, se establecen las acciones que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, llevarán a cabo para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de estas preliberaciones .
Detalla que se identificarán los casos en donde los detenidos hayan sido víctimas de tortura -que se encuentre acreditada con los dictámenes correspondientes al Protocolo de Estambul- para que se promueva ante las autoridades judiciales competentes su libertad.
También se buscará la libertad de aquellos presos sin sentencia que excedan el plazo previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción IX de la Constitución, que señala que la prisión preventiva no podrá exceder dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
Indica que ambas dependencias también se coordinarán para buscar a personas privadas de la libertad, que sean adultos mayores -más de 60 años - y que cuenten con sentencia, a fin de verificar si son portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, para obtener su preliberación
Además se buscará identificar a detenidos adultos mayores de 70 años en prisión preventiva y que no se encuentren en alguno de los supuestos que establece el artículo 55, tercer párrafo del Código Penal Federal -secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa- a fin de gestionar ante las autoridades competentes también su liberación.
“El artículo 55 del Código Penal Federal establece que, en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada, o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, con las excepciones que la propia disposición señala”.
En estos dos últimos casos, recuerda el acuerdo, la ley prevé que la autoridad penitenciaria deberá pedir la opinión de la Fiscalía General de la República (FGR) para analizar estas preliberaciones.
Segob creará comité pemanente para implementar acuerdo
El anteproyecto instruye a que en un plazo no mayor a tres hábiles a la entrada en vigor del acuerdo, la Segob deberá crear un comité de carácter permanente y obligatorio, el cual deberá de estar integrado por servidores públicos que se encuentren adscritos a las dependencias previstas en el acuerdo, con el fin de que den seguimiento a la implementación de este instrumento, cuyos acuerdos serán vinculantes y remitidos al presidente López Obrador.
Señala que Gobernación también deberá promover e impulsar ante los demás Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y las demás autoridades competentes, los mecanismos de colaboración que sean necesarios para que dichas autoridades en el ámbito de sus atribuciones, promuevan y lleven a cabo las medidas establecidas en el acuerdo.
“Hacer del conocimiento a los órganos de procuración de justicia y defensorías públicas competentes, la información que las autoridades penitenciarias recaben, así como solicitar su actuación para los fines del presente acuerdo”, agrega el documento.
El anteproyecto es diferente a lo anunciado por el presidente López Obrador el pasado 29 de julio, quien informó que alistaba un decreto para liberar a presos que hubieran sido víctimas de tortura, además de aquellos de más de 75 años detenidos por delitos no graves; de aquellos que lleven más de 10 años esperando sentencia y de presos de más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que su decreto entraría en vigor a partir del 15 de septiembre.
“Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicarlo”, dijo.
rmlgv
