La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 35 votos a favor, el dictamen de la reforma constitucional para reducir de 68 a 65 años, la edad para que los adultos mayores reciban una pensión no contributiva del Estado.
Por una votación unánime, los diputados también avalaron que en el artículo 4 se establezca que el Estado —la Federación y las entidades federativas— garantizará la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
“El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión, para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos para la población. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”, señala el dictamen.
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Asimismo, aprobaron que en la Constitución se establezca que el Estado deberá garantizar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas.
También, que tengan un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.
“Además, se mantendrán precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables”, refiere el dictamen.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que es necesario revisar las reglas de operación de los programas sociales, y exigir al gobierno que integre un complemento alimentario, una cita médica obligatoria y la cobertura de gobierno para darle seguimiento a la salud de los adultos mayores.
Añadió que la edad para recibir una pensión no contributiva del Estado debería ser a los 60 años, y no a los 65 como propuso el titular del Ejecutivo.
“Si estamos bajando a 65 años nuevamente, hagámoslo conforme a lo que dice los acuerdos de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, que marca que debe considerarse como una persona adulta mayor a las personas de más de 60 años”, dijo.
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También pidió transparencia en el manejo de recursos, porque la Auditoría Superior de la federación (ASF) ha reportado observaciones en el ejercicio de los presupuestos de tres programas sociales estrella del gobierno actual, por más de 4 mil millones de pesos.
“Adultos mayores, más de 1 mil 100 millones de pesos en observaciones de la Auditoría; el programa de apoyo a discapacidad, 225 millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; Sembrando Vida, 2 mil 741 millones de pesos. Los tres programas que el día de hoy estamos elevando a rango constitucional, tienen observaciones por más de 4 mil millones de pesos”, expuso.
Por su parte, el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) desestimó la propuesta de reducir la edad a 60 años para recibir una pensión.
“Escucho con atención a quienes hoy son oposición y dicen cómo no le bajan de 65 a 60, o cómo no ampliamos los programas para qué lo reciban más. Cuando tuvieron suficiente tiempo para haberlo hecho ellos en su momento”, dijo.
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bmc