Los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron por 25 votos en pro y tres en contra, la opinión a favor de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionar los ilícitos cometidos con drones con hasta 60 años de prisión.
Dichos delitos contemplan transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y plantea sanciones de hasta 13 años de prisión a quien utilice drones con fines de espionaje o vigilancia contra agentes del estado cuando el objetivo sea agredirlos o evadir la justicia.
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Las reformas al Código Penal Federal establecen que se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y multas de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer delitos en contra de las personas o bienes.
Considera, además, una sanción de 10 a 20 años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia realice las siguientes conductas: Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
La diputada María Guadalupe Román Ávila (PT) refirió que el crimen organizado utiliza los drones para transportar drogas y espiar a las fuerzas del orden, por lo que es necesario reformar ambas legislaciones para evitar que haya lagunas legales que sean aprovechadas por los delincuentes.
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Detalló que del 2020 a la fecha, la Sedena ha documentado 605 ataques del crimen organizado con drones: 260 en lo que va de 2023, 233 en 2022, 107 en 2021 y cinco en 2020.
La opinión a favor que fue avalada por le Comisión de Seguridad Ciudadana, fue enviada a la Comisión de Justicia, encargada de dictaminar la iniciativa del presidente López Obrador, y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
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